La demanda fue presentada a finales del año pasado a nombre de decenas de miles de inmigrantes, muchos de los cuales trabajan para compañías tecnológicas y firmas médicas importantes.
Según los demandantes, a principios de septiembre el Departamento de Estado anunció en un comunicado las categorías de inmigrantes a los que se permitiría tramitar sus tarjetas de residencia permanente a partir del 1 de octubre.
Como se encontraban en esa categoría, comenzaron a gastar miles de dólares cada uno en honorarios jurídicos, documentación y exámenes médicos.
Sin embargo, el 25 de septiembre el gobierno hizo una revisión y redujo las categorías de quienes podían tramitar la residencia permanente.
El juez federal Ricardo S. Martínez desechó la demanda con el argumento de que el anuncio original no confería derecho alguno a los inmigrantes.