El Departamento de Justicia le dijo el mes pasado a la Northwest Immigrant Rights Project, una organización con sede en Seattle, que no podía dar asesoramiento legal a inmigrantes señalados para deportación a menos que asuma formalmente su defensa legal en la corte. La agrupación sostiene que no tiene los recursos para ello, y la orden le impediría preparar solicitudes y otros documentos en nombre de inmigrantes que decir representarse por cuenta propia.
El grupo entabló una demanda contra el gobierno federal la semana pasada, acusándolo de violar sus derechos a la libertad de expresión, la libertad de reunión y a hacer peticiones al gobierno.
El juez federal de distrito Richard Jones escuchaba los argumentos el miércoles.