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El Gobierno de Perú podría suspender "ciertos derechos constitucionales" durante el estado de emergencia declarado en los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana, avanzó el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.
"Se va a suspender el ejercicio, de ser necesario, de ciertos derechos constitucionales para procurar que la Policía pueda intervenir en los locales, en los domicilios y ahí donde la inteligencia policial detecte la presencia de organizaciones (criminales) y mafias", dijo.
Entrevistado el lunes en el programa "Nunca es Tarde", que emite la emisora local RPP, el exministro de Defensa aseguró que en el Ejecutivo han "escuchado el clamor" de las autoridades locales y de la población en general.
"Ha llegado un momento de quiebre en el país. En San Juan de Lurigancho se han dado 96 asesinatos en las últimas semanas y existe una situación que se están poniendo granadas en locales y creo que hay una situación de hartazgo en la ciudadanía", afirmó Otárola.
Sumado a esto, precisó que la meta es dar "golpes contundentes a las mafias", así como "bajar ostensiblemente el nivel de robos y homicidios". Con base en los resultados, no descartan extender estas medidas a otras localidades de Perú, aclaró.
Denuncias personales
Dos programas dominicales divulgaron sendos reportajes sobre Otárola que han llamado la atención en el país andino. 'Punto' Final reveló que el 11 de diciembre de 2022, un día después de una protesta en Apurímac, donde murieron seis personas, hubo "una reunión secreta que no aparece en los registros oficiales".
El entonces titular de Defensa había pautado un encuentro con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, y con el comandante general de la Policía Nacional, general Raúl Alfaro, según Latina.
FUENTE: RT Globovision
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