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SUSCRIBITESANTIAGO (AP) — Un tribunal chileno sentenció el jueves a un venezolano extraditado desde Costa Rica a 20 años en prisión por su participación en el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda, un exmilitar venezolano y disidente, en un caso de importante carga política que ha desatado preocupaciones en Chile debido a la presencia del crimen organizado.
Maickel David Villegas Rodríguez, de 28 años, quien fue identificado por la fiscalía como miembro de una rama local del Tren de Aragua —grupo criminal venezolano designado como organización terrorista extranjera por el gobierno de Estados Unidos—, fue el primer acusado por la muerte de Ojeda en ir a juicio. Otros 16 acusados serán juzgados la próxima semana.
Los fiscales afirmaron que Villegas Rodríguez estuvo encargado de vigilar el apartamento de Ojeda y grabó su secuestro para enviar pruebas a los líderes de la banda delictiva. Fue declarado culpable de ayudar a ejecutar el secuestro, el cual derivó en la muerte de Ojeda. La condena de 20 años fue el máximo que los fiscales podían solicitar conforme a los compromisos que Chile asumió con Costa Rica durante su extradición.
Alejandra Valdivieso, abogada que representa a la familia de Ojeda, se mostró satisfecha con la sentencia, aunque aseguró que ninguna condena puede reparar el daño que sufrió la familia.
Ojeda, de 32 años, huyó de Venezuela en 2017 después de ser acusado de conspirar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. En febrero de 2024, poco después de que Chile le otorgó estatus de refugiado, Ojeda fue secuestrado en su apartamento de la capital chilena por hombres que se hicieron pasar por policías. Su cuerpo fue hallado dentro de una maleta enterrada bajo concreto.
El asesinato sacudió a los exiliados venezolanos en Chile, que alberga una de las mayores comunidades venezolanas de América Latina. Los fiscales chilenos argumentan que el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ordenó el asesinato de Ojeda y pagó a un líder del Tren de Aragua para que se llevara a cabo, una acusación que, de comprobarse, plantearía serias dudas sobre la capacidad de Chile para proteger a los exiliados políticos en su propio territorio.
El gobierno venezolano niega cualquier participación en el asesinato.
La acusación permanece bajo investigación y no fue abordada en el juicio de Villegas Rodríguez.
FUENTE: AP
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