“No basta con limitarse a repetir una condena... hay que pasar a la acción”, afirmó el surinamés Albert Ramdin en un encuentro con periodistas. “Y esa acción debe ser acordar colectivamente un conjunto de medidas que ejerzan más presión sobre el gobierno de Nicaragua”, agregó.
Ramdin señaló que la discusión sigue abierta, pero apuntó a sanciones financieras o de viaje que no dañen al conjunto de la población nicaragüense.
Nicaragua salió de la OEA a fines de 2023 después de una creciente supresión de las libertades tras las protestas de 2018. Mediante reformas a la Constitución, el presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo —su esposa y copresidenta— anularon la división de poderes y oficializaron el paramilitarismo.
No obstante, la OEA siguió pendiente de la situación del país y en agosto decidió la celebración del encuentro de cancilleres ante los llamamientos de Estados Unidos a actuar con firmeza después de que Ortega declarara públicamente su interés en no volver a celebrar elecciones, comentarios a los que siguió una nueva reforma constitucional que impide la participación de opositores en eventuales comicios.
Abordar colusión de políticos y pandillas en Haití Ramdin también se refirió a la situación que enfrenta Haití, que no tiene presidente desde el asesinato de su mandatario en 2021 y prevé celebrar elecciones en diciembre. Enfatizó que una de las prioridades es abordar la colusión entre políticos y pandillas.
“Nadie habla de ello pero es una realidad, tenemos que evitar que eso siga desarrollándose”, afirmó.
Agregó que cuando las autoridades electorales se pronuncien sobre qué candidatos están vetados para participar es cuando se verá el impacto real de la criminalidad en la política y advirtió que podrían surgir mayores retos si no se permite que los principales candidatos participen en las elecciones.
"No podemos seguir posponiendo las elecciones en el país porque eso mata la confianza en la gobernanza", afirmó.
FUENTE: AP