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SUSCRIBITESAO PAULO (AP) — Las tierras indígenas enfrentan la mayor amenaza por la expansión de la minería de oro en la Amazonía brasileña, según un análisis difundido el martes por la organización sin fines de lucro Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía, conocido como IPAM.
El área afectada por la minería de oro en toda la Amazonía fue 20 veces mayor en 2024 que en 1985. El crecimiento fue aún más drástico en tierras indígenas, donde la minería abarcó 24 veces más superficie y se expandió casi siete veces solo entre 2016 y 2024.
Los precios récord del oro, impulsados en gran medida por la demanda de los inversionistas de activos seguros en medio del aumento de los riesgos globales, han alimentado una renovada fiebre minera en la Amazonía, disparando la deforestación y la contaminación por mercurio de comunidades ribereñas e indígenas.
El IPAM indicó que la minería agrava los riesgos climáticos que enfrentan las comunidades indígenas. El cambio climático, impulsado principalmente por actividades humanas que incrementan las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, ha intensificado las sequías y el calor en la Amazonía.
“La ocurrencia de fenómenos meteorológicos extremos amenaza el acceso al agua, los alimentos, el transporte y la atención médica”, señaló la organización. “Al mismo tiempo, la expansión de la minería ilegal contamina los ríos, acelera la degradación ambiental y alimenta problemas de salud y violencia, debilitando aún más la capacidad de las comunidades indígenas para adaptarse”.
Casi el 90% del área afectada se concentra en tres territorios. Uno de ellos es el Territorio Indígena Munduruku, ubicado en el estado norteño de Pará.
Representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos viajaron a Pará a principios de este mes para realizar una serie de audiencias con el pueblo munduruku, que incluyeron sesiones en su territorio. La visita buscó evaluar el cumplimiento de Brasil de las medidas provisionales recomendadas por la corte en 2022 para proteger los derechos de las comunidades indígenas.
Líderes munduruku presentaron pruebas —incluidas imágenes satelitales e informes de monitoreo en terreno— que muestran que mineros ilegales de oro habían regresado al territorio tras ser expulsados en operativos federales realizados en 2024 y 2025. También informaron que entre los impactos en la salud se encuentra un aumento de casos de malaria, mayores tasas de mortalidad infantil y contaminación por mercurio vinculada a retrasos en el desarrollo del lenguaje y la motricidad en niños.
En el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, las autoridades brasileñas han intensificado los esfuerzos para combatir la minería ilegal. La policía y las agencias ambientales han llevado a cabo grandes operativos contra redes criminales, mientras que los investigadores han recurrido cada vez más a la ciencia forense para rastrear el oro e identificar metal extraído ilegalmente.
Aun así, la aplicación de la ley no ha eliminado la minería ilegal en toda la Amazonía. Cuando las autoridades destruyen equipos de minería en un área, los mineros a menudo se trasladan a otro lugar o reanudan las operaciones después de que las autoridades se van. En el territorio munduruku, vigilantes indígenas habían identificado 10 nuevos sitios de minería ilegal hasta agosto.
En un comunicado emitido el 10 de septiembre, el Ministerio de Derechos Humanos de Brasil afirmó que funcionarios del gobierno asistieron a las audiencias y abordaron la continuidad de la fiscalización territorial, junto con mejoras al suministro de agua y la seguridad alimentaria. El ministerio también reconoció la necesidad de una “respuesta técnica más detallada” ante la contaminación por mercurio.
Según la ley brasileña, la minería está prohibida en tierras indígenas. El lunes, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, conocida por el acrónimo en portugués Apib, manifestó en un comunicado que proteger el territorio munduruku requiere más que retirar a quienes lo invaden.
“Esta actividad forma parte de una economía criminal transnacional en la que grupos armados que controlan la extracción, el oro y las drogas se desplazan por las mismas rutas fluviales, y los permisos mineros se utilizan para dar una apariencia de legalidad al oro extraído ilegalmente”, expresó la Apib.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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