La extraordinaria investigación se produce menos de una semana después de que The Associated Press informara que agentes de la DEA con frecuencia vigilaron —pero no incautaron— cargamentos del opioide sintético en un intento por armar acusaciones penales más grandes entre 2023 y 2025.
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Nuevo México abre investigación penal a la DEA tras permitir distribución de fentanilo en las calles
El fiscal general de Nuevo México abrió una investigación penal el viernes para determinar si agentes de la DEA infringieron la ley estatal al permitir que cientos de miles de pastillas de fentanilo llegaran a las calles de Albuquerque.
Agentes y exagentes de la DEA, incluido el denunciante David Howell, dijeron a la AP que la estrategia equivalía a jugar con la seguridad pública y pudo haber violado normas del Departamento de Justicia de Estados Unidos destinadas a proteger a la población.
El fentanilo no fue incautado aunque Estados Unidos vive la epidemia de drogas más mortífera en su historia y mientras la DEA encabezaba una campaña de concienciación pública —“One Pill Can Kill” (“Una pastilla puede matar”)— que enfatizaba que incluso unos pocos miligramos de la sustancia pueden ser letales.
La investigación penal convierte un debate sobre tácticas policiales en una cuestión de si agentes federales cruzaron límites legales mientras perseguían a organizaciones de tráfico más grandes.
El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, afirmó que los agentes federales “no están por encima de la ley”, pero gozan de protecciones legales sustanciales cuando cumplen funciones oficiales.
Aun así, Torrez señaló que empezaría a “exigir documentos e información sobre la conducta de la DEA, en Nuevo México y a nivel nacional, para determinar si lo ocurrido aquí refleja un patrón más amplio de comportamiento temerario o ilegal”.
“Si esas acusaciones son ciertas, las consecuencias para los habitantes de Nuevo México no fueron abstractas. Fueron mortales”, escribió Torrez en una carta a la gobernadora Michelle Lujan Grisham, quien a principios de esta semana pidió la investigación.
“Nuevo México ya se ubica entre los estados más golpeados por las muertes por sobredosis de fentanilo”, añadió, “y las familias que han perdido hijos, hermanos y padres por esta crisis merecen un recuento completo de lo que el gobierno federal sabía, lo que hizo y lo que dejó de hacer”.
La DEA negó inicialmente las acusaciones de Howell en un comunicado a la AP. Pero posteriormente la agencia pidió al organismo de supervisión independiente del Departamento de Justicia que realizara su propia investigación.
“Si esa revisión identifica áreas de mejora, la DEA por supuesto implementará cambios para mejorar sus prácticas”, indicó el Departamento de Justicia en un comunicado. “Damos la bienvenida a una colaboración con la gobernadora Lujan Grisham, así como con líderes estatales y locales de Nuevo México, para combatir el flagelo del fentanilo y mantener a salvo a sus representados”.
Un número creciente de dirigentes locales y estatales en Nuevo México han expresado indignación tras las acusaciones de Howell. Pero esos sentimientos no son compartidos ampliamente por familiares de víctimas de sobredosis, dijo Paul E. Martin, fundador de United Against Fentanyl (Unidos contra el fentanilo), una organización sin fines de lucro que combate la epidemia de sobredosis y que representa a 5.000 familiares de víctimas.
“Las fuerzas policiales cometen errores”, expresó Martin. “Pero la DEA está integrada por hombres y mujeres que ponen su vida en riesgo. Su labor entera consiste en retirar de nuestras calles drogas ilegales y tóxicas”.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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