Nuevas contrataciones del ICE: Antecedentes impecables no son parte del requisito

Y si bien Morgan afirmó en su currículum en línea que trabajó para el departamento de policía de Alexandria, Virginia, una portavoz del departamento indicó que fue como recluta de nivel inicial durante apenas seis semanas en 2022, pero que nunca completó su formación en su academia de policía. No está claro cuándo comenzó a trabajar para el ICE, el cual no respondió a las solicitudes de comentarios. Los números de teléfono registrados a nombre de Morgan eran incorrectos y tampoco se obtuvo respuesta de momento a un mensaje dejado el viernes al abogado que lo representó en un tribunal civil.

El director interino del ICE, Todd Lyons, declaró durante una audiencia ante el Congreso en febrero pasado que estaba orgulloso de la campaña de contratación, la cual recibió más de 220.000 solicitudes. “Esta ampliación de una fuerza laboral bien capacitada y con antecedentes de seguridad verificados contribuirá a que el ICE pueda ejecutar de mejor forma la ambiciosa agenda del presidente y del secretario”, expresó.

A diferencia de muchas agencias policiales locales, el ICE dijo que escuda la identidad de sus empleados para protegerlos del acoso, lo que imposibilita dar cuenta de todos los empleados nuevos.

La AP se enfocó en más de 40 agentes que revelaron recientemente en sus perfiles de LinkedIn que habían sido contratados por el ICE, además utilizó registros públicos para verificar sus antecedentes. Todos, excepto uno, eran hombres.

Si bien la mayoría contaba con credenciales convencionales como exagentes penitenciarios, guardias de seguridad, veteranos del ejército o policías, no está claro cuántos debieron quedar descalificados, debido a que la AP no tuvo acceso a la totalidad de sus expedientes. Sin embargo, muchos de ellos tenían antecedentes de adeudos que derivaron en acciones legales, dos se habían declarado en bancarrota y otros tres habían enfrentado demandas por presunto comportamiento indebido en sus empleos policiales anteriores, encontró la AP.

Marshall Jones, experto en reclutamiento policial del Instituto Tecnológico de Florida, dijo que es difícil obtener un panorama completo de los nuevos empleados del ICE sin tener acceso a más datos. Sin embargo, agregó que es probable que la agencia haya contratado a algunos “candidatos menos que ideales” que cumplen con los requisitos mínimos, pero que habrían sido descartados en un proceso de contratación normal.

“Si contratas a cientos o miles de personas, incluso con los mejores procesos de verificación de antecedentes, siempre habrá casos atípicos”, expuso. “La pregunta es: ¿son estos casos atípicos normales de cuando hay seres humanos de por medio, o existe un problema sistémico en el proceso de verificación adecuada de antecedentes cuando hay irregularidades?”.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), la agencia que supervisa al ICE, no respondió a preguntas sobre decisiones de contratación específicas. No obstante, reconoció que algunos solicitantes recibieron “cartas de selección provisional” y ofertas para comenzar a trabajar con un estatus temporal antes de que se les realizara una verificación de antecedentes a fondo.

“El ICE está comprometido a garantizar que su personal cumpla con los más altos estándares y los somete a una verificación rigurosa durante todo el proceso de contratación”, declaró el departamento. “La verificación de seguridad es un proceso continuo, no algo que se haga una sola vez”.

El procedimiento incluye una revisión de antecedentes penales y de historial crediticio, así como investigaciones de antecedentes personales y profesionales que incluyen entrevistas a empleadores anteriores y otros conocidos, lo cual puede tomar semanas. Sin embargo, la enorme cantidad de contrataciones ha rebasado a la agencia, la cual prometió bonos de contratación de hasta 50.000 dólares y promovió que no se requería un título universitario.

Un memorando interno, que Reuters fue el primero en dar a conocer en febrero pasado, indicaba a los supervisores del ICE que, si recibían “información negativa sobre el comportamiento de un empleado recién contratado”, debían remitir las acusaciones a la unidad de asuntos internos para su investigación. Información de este tipo podía incluir el despido o la renuncia forzada del empleado, según el memorando.

Entre los nuevos empleados se encuentra Carmine Gurliacci, de 46 años, quien renunció a su puesto como policía en Richmond Hill, Georgia, para unirse a las filas del ICE en Atlanta en diciembre, según una carta de renuncia obtenida por la AP.

Se declaró en bancarrota en 2022, e informó que no tenía ingresos y que estuvo desempleado durante dos años después de mudarse a Georgia desde Nueva York, según documentos judiciales. Reportó que vivía con un amigo y realizaba trabajos domésticos a cambio de alojamiento. Además, enumeró deudas por decenas de miles de dólares en préstamos, facturas y manutención infantil, entre otras cosas. También se declaró en bancarrota en Nueva York, en 2013, donde afirmó que sus deudas ascendían a 95.000 dólares, como muestran los registros.

Los problemas financieros graves son “una enorme señal de alerta” debido a que podrían hacer que los empleados sean vulnerables a sobornos o extorsión, los cuales han sido un problema en el ICE, dijo Trickler-McNulty.

Después de que se aprobó su solicitud de bancarrota en 2022, Gurliacci se reincorporó al mundo laboral y trabajó en seis agencias policiales de Georgia en un lapso de tres años. Renunció a cada una antes de cambiar de empleo, según los registros obtenidos por la AP.

Dejó un trabajo como guardia en un campus universitario en 2023 después de acusar “problemas personales imprevistos que me impiden cumplir con mis funciones”, según su carta de renuncia. Sin embargo, comenzó a trabajar para el Departamento de Policía del condado de Butts casi de inmediato.

Duró allí unos meses antes de cambiarse al Departamento de Policía del condado de Chatham, donde renunció luego de dos meses, como muestran los registros. El gobierno federal obtuvo recientemente su expediente personal del condado de Chatham como parte de una verificación de antecedentes, dos meses después de que comenzó a trabajar en el ICE.

Cuando se le contactó por teléfono, Gurliacci le dijo a un reportero que le devolvería la llamada. Nunca lo hizo y tampoco respondió a mensajes posteriores.

Otro de los nuevos empleados es Andrew Penland, de 29 años, quien se unió al ICE luego de renunciar a su cargo como policía en el condado de Greenwood, Kansas, en diciembre pasado.

Penland había pasado la mayor parte de su carrera como policía en el condado de Bourbon, Kansas, pero renunció el año pasado después de enfrentar una demanda en la que se aseguraba que arrestó a una mujer con falsas acusaciones en 2022. La aseguradora del condado pagó 75.000 dólares para resolver el caso, según consta en el acuerdo.

La mujer, June Bench, relató en una entrevista lo que sucedió: uno de sus vecinos, un funcionario del condado, afirmó que Bench tomó deliberadamente demasiado espacio para dar la vuelta con su vehículo y estuvo a punto de atropellarlo.

Penland acudió al lugar. Un video de la cámara corporal del agente muestra que instó al vecino a presentar cargos y le dijo que Bench iría a la cárcel, pero que él no tendría que testificar ante el tribunal debido a que el caso se resolvería mediante un acuerdo.

Bench negó la acusación y aseguró que todo fue parte de una disputa personal. Pero Penland la arrestó por un delito grave de agresión, la llevó a la cárcel e incautó su auto. Penland escribió en su informe que vio un video de vigilancia en el que se podía ver al vecino salir del paso a toda prisa para quitarse del camino del vehículo de la mujer, quien conducía a gran velocidad.

Bench permaneció una semana en prisión y tardó más de un año en lograr que se desestimara la acusación por falta de pruebas. Cuando obtuvo el video que Penland mencionó como evidencia, las imágenes mostraban que su auto parecía realizar una vuelta normal y que su vecino nunca estuvo en riesgo de ser atropellado.

Bench expresó su indignación al enterarse de que Penland había sido contratado por el ICE.

“Eso me asusta. Él abusa de su poder”, agregó.

Al ser contactado en busca de comentarios, Penland desactivó su cuenta de LinkedIn y alertó al ICE sobre la investigación, pero no respondió a la AP.

Otro de los recién contratados, Antonio Barrett, fracasó en un principio en su intento por graduarse de una academia de policía de Colorado en 2020 —uno de los dos estudiantes que no “completó partes de la academia” y recibió “una calificación de incompleto”, según un correo electrónico al que The Associated Press tuvo acceso.

Completó el programa después de que un colegio comunitario le facilitó una sesión de adiestramiento de un día y un exámen, y eventualmente consiguió trabajo en el departamento de policía de La Junta, Colorado, en julio de 2020. Pero únicamente se mantuvo en el puesto tres semanas antes de renunciar y nunca más volvió a trabajar en la policía local.

Barrett trabajó previamente como agente penitenciario en una prisión de Colorado.

Fue acusado en una demanda de uso excesivo de la fuerza por infligir dolor a un recluso esposado cuando él y otro colega lo sacaron por la fuerza de una silla de ruedas en 2017. Pero las autoridades estatales argumentaron que sus acciones no fueron excesivas. Un tribunal estuvo de acuerdo y desestimó el caso.

Barrett no respondió a un mensaje en busca de comentarios.

El ICE ha negado que haya eliminado requisitos de capacitación, y asegura que los nuevos reclutas reciben 56 días de entrenamiento y 28 días de adiestramiento específico. La agencia agregó que la mayoría de los nuevos agentes ya han completado la academia de policía.

Pero el exinstructor de la academia del ICE, Ryan Schwank, testificó en febrero que los altos mandos de la agencia redujeron los programas de capacitación sobre el uso de la fuerza, la seguridad con armas de fuego y los derechos de los manifestantes. Añadió que entre los nuevos reclutas había agentes de apenas 18 años, quienes carecen de un título universitario y cuyo idioma materno no es el inglés.

“No les estamos brindando el adiestramiento necesario para que sepan cuándo es que se les pide que hagan algo que no se supone que hagan, algo ilegal o indebido”, dijo.

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La periodista de Associated Press, Claudia Lauer, contribuyó con este despacho.

FUENTE: AP