Muchas personas habían mencionado al exjuez Joaquim Barbosa como posible aspirante a las elecciones de octubre próximo, pero es la primera vez que él habla públicamente al respecto.
No obstante, aunque dejó abierta la posibilidad de postularse, Barbosa añadió: “Aún no me he podido convencer a mí mismo”.
Barbosa habló con la prensa durante un encuentro con el Partido Socialista Brasileño en Brasilia, al que se unió a principios de abril para obtener una plataforma de campaña.
Barbosa, de 63 años y quien se jubiló como juez en 2014, nunca se ha postulado a un cargo de elección popular.
Lula, el popular exmandatario de izquierda que aún encabeza las preferencias después de ser encarcelado este mes por una condena por corrupción, probablemente no obtenga autorización del tribunal electoral para postularse.
Una encuesta del Instituto Datafolha publicada el domingo le da a Barbosa un respaldo de al menos 8%, lo que describió como una cifra “muy buena”. Se prevé que las elecciones presidenciales en Brasil atraigan hasta 16 candidatos, lo que dividiría los sufragios.
Se desconoce si el Partido Socialista Brasileño puede atraer el respaldo necesario para que Barbosa califique como candidato presidencial. De lo contrario, Barbosa podría postularse a otro cargo en caso de que el partido decida enfocarse mejor en las contiendas gubernamentales y legislativas.
Uno de los miembros más importantes del partido, el gobernador del estado de Sao Paulo Marcio Franca, dijo tras el encuentro que el respaldo debería ser para el candidato de derecha Geraldo Alckmin. Franca fue vicegobernador de Alckmin hasta el 7 de abril y se postulará para la reelección en el estado más rico y poblado del país.
Barbosa ha expresado apoyo a programas sociales que se identifican con la izquierda, pero también impuso severas condenas por corrupción a altos miembros del gobierno de Lula, algo que le granjeó respaldo entre los conservadores.
Jueces, fiscales e investigadores policiacos han ganado popularidad en Brasil desde el lanzamiento de la pesquisa “Autolavado” en 2014, que investiga contratos inflados por parte de la petrolera paraestatal Petrobras y empresas constructoras.
Y aunque la condena por corrupción de Lula es resultado de la investigación, sus seguidores aseguran que fue víctima de una persecución para evitar su candidatura y afirman que las extralimitaciones judiciales interfieren con los asuntos políticos del país.
FUENTE: Associated Press