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Un decreto del Ejecutivo publicado en el Boletín Oficial prohibió la norma aprobada en septiembre, la segunda ocasión en que Milei se opone a una legislación que a su entender amenaza la preservación del déficit cero. Anteriormente lo había hecho con una norma que aumentaba las jubilaciones.
El Congreso podría insistir en los próximos días con la ley siempre que reúna los dos tercios de los votos en ambas cámaras. En el caso de la norma que beneficiaba a los jubilados, aprobada en agosto, los diputados no lograron reunir esa cantidad de voluntades para insistir con la misma.
El decreto de Milei argumentó que el Ejecutivo debe “lograr el equilibrio fiscal y mantenerlo a largo plazo" y fue publicado un día después de que estudiantes, profesores, sindicatos y opositores se movilizaron en Buenos Aires y otras ciudades exigiendo que la ley siguiera en pie. Fue la segunda marcha en defensa de la educación pública —muy valorada por la ciudadanía— desde la que tuvo lugar en abril.
Autoridades de la reconocida Universidad de Buenos Aires (UBA) denunciaron durante la manifestación que los salarios de docentes y no docentes han sufrido una pérdida del 40% de su poder adquisitivo en lo que va del año y que el funcionamiento se ha resentido por los recortes.
La norma defendida con el amplio apoyo de la oposición en el Congreso, donde el oficialismo está en clara minoría. Buscaba, entre otros objetivos, garantizar el financiamiento de la treintena de universidades públicas obligando al gobierno a actualizar las partidas presupuestarias.
Pero el decreto cuestionó que la ley “no cuenta con previsión presupuestaria ni recursos para su financiamiento, acarrea problemas técnicos" y pretende "dañar al gobierno políticamente”.
Cumplir su contenido supondría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria imprevista, prosiguió el texto.
Según el decreto, la actualización salarial implicaría la utilización del 49% del presupuesto restante para el sistema universitario durante este ejercicio.
La ley dispone además que el gobierno debe actualizar el monto de gastos de funcionamiento de las casas de estudio desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre y de forma bimestral.
El Ejecutivo ha señalado que no está en contra del reclamo del sector educativo, sino de una ley que no indica de dónde sacar el dinero, así como de la “falta de transparencia en el control de gastos y deficiencias en el funcionamiento de la educación universitaria gratuita”.
Según el portavoz presidencial Manuel Adorni, en el caso de la UBA, “el 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 no se rindieron”.
FUENTE: Associated Press
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