Al término de una visita oficial de una semana por ocho estados del país, los delegados de la CIDH, que depende de la Organización de Estados Americanos con sede en Washington, alertaron sobre la vulnerabilidad y los ataques contra las minorías.
Entre las conclusiones del informe, la CIDH destacó la violencia que sufren los pueblos indígenas, acompañada de una falta de atención estatal; la creciente exclusión social de la población en situación de calle y sin techo; la violencia e impunidad de las fuerzas policiales, y la propagación de amenazas contra la libertad de expresión y contra defensores de los derechos humanos.
“Necesariamente deben acabarse los asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad. Deben proteger a las personas, no matarlas. El enfoque debe ser la protección de la vida”, dijo la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, en una conferencia de prensa.
Brasil es uno de los países con las tasas de homicidios más altas del mundo: 30,8 muertes violentas cada 100.000 habitantes. El año pasado 5.012 personas fueron muertas por la policía, un 19% más que el año anterior.
Durante la visita, la delegación se reunió con diferentes miembros del gobierno brasileño, organizaciones sociales y activistas. Sin embargo, no hubo un encuentro con miembros del futuro equipo de Bolsonaro. “Si hubiese habido algún interés, estábamos disponibles”, aclaró la CIDH.
Asesores del ultraderechista Bolsonaro han tenido palabras muy duras contra el organismo. El diputado Gustavo Bebbiano, futuro ministro del gobierno de Bolsonaro, calificó a la OEA de “izquierdista” y dijo que tiene “cero credibilidad”.
La CIDH criticó de forma velada algunas de las propuestas que asoman como ejes del futuro gobierno de Bolsonaro, que en materia de seguridad propone una política de “mano dura” acompañada de mayores protecciones legales a los policías que cometan crímenes.
“La experiencia demuestra que la exacerbación de discursos de tolerancia cero fortalece el riesgo del aumento de ejecuciones extrajudiciales”, aseguró la comisionada Antonia Urrejola.
Además, Urrejola aseguró que Brasil vive un escenario de “repetición de discursos de intolerancia y odio que afectan las libertades de expresión, manifestación y reunión de las comunidades LGBTI, de las mujeres, los afrodescendientes y de los pueblos indígenas”.
Por último, el informe preliminar de la misión señaló que “la violencia institucional y la impunidad” siguen siendo una de las mayores fragilidades de la sociedad brasileña.
La Comisión citó como “emblemático” el caso de la concejal negra de Rio de Janeiro Marielle Franco, asesinada el 14 de marzo luego de participar de una actividad con mujeres. El organismo expresó que acompañará de cerca el caso -aún impune- para que “se haga justicia”.
FUENTE: Associated Press