El gobierno publicó el decreto en un día festivo nacional, y un día antes de las celebraciones del día de la independencia de Perú, cuando escuelas, oficinas gubernamentales y la mayoría de los comercios están cerrados. Su contenido no fue debatido en el Congreso y fue aprobado bajo poderes especiales que los legisladores recientemente le otorgaron al gobierno del presidente Ollanta Humala.
La activista Katitza Rodríguez, de la Fundación Frontera Electrónica, dijo que no había visto "ninguna cláusula legal en ningún lugar que de forma tan explícita quitara las protecciones de privacidad de comunicación constitucionales a los datos de ubicación" como el decreto peruano.
El decreto se suma a un patrón mundial de gobiernos que buscan una rápida legislación de vigilancia sin debate público, dijo Rodríguez, la directora de derechos internacionales de la fundación.
El gobierno dice que la medida es necesaria para luchar contra el crimen organizado en un país plagado por tráfico de cocaína, la extorsión y asesinatos a sueldo. El decreto no permite escuchar las conversaciones sin orden judicial.
Como una protección contra el abuso, el decreto estipula que la policía debe obtener aprobación retroactiva de un juez para utilizar los datos en la corte.
El defensor de derechos civiles, Erick Iriarte, dijo que eso no ofrece mucha protección porque aunque un juez podría recovar la utilización del dato, si yo fuera la policía, "ya tengo el dato".
El llamado metadata cubierto por el decreto incluye "en qué lugar estás, en qué momento y con quién estás hablando", y esa es una invasión de privacidad, dijo Iriarte.
Dijo que estaba muy preocupado sobre qué ramas de la policía de Perú tendrán custodia de y acceso a la información.
El decreto especifica una "unidad especial", pero la fuerza policial nacional de Perú está llena de corrupción, e información delicada frecuentemente es filtrada por motivos políticos y a veces compartida con criminales.
FUENTE: Associated Press