El conocido "caso Atenco" tuvo lugar en 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, cuando el actual presidente, Enrique Peña Nieto, era gobernador de dicha entidad. La Corte Suprema mexicana ratificó en 2009 el uso excesivo de la fuerza, aunque el alto tribunal exoneró al mandatario de cualquier responsabilidad.
Durante las protestas en San Salvador Atenco_que cobraron notoriedad internacional por la brutalidad con la que fueron reprimidas— murieron dos personas y hubo más de 200 detenidas, 198 de las cuales tenían algún tipo de lesiones.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó que 23 mujeres, incluidas cuatro extranjeras, sufrieron agresiones sexuales por parte de policías después de los enfrentamientos. Siete denunciaron haber sido violadas.
Por estos hechos fueron condenados 12 activistas y líderes del llamado Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), formado por habitantes de Atenco a raíz de su oposición en 2002 a la construcción de un aeropuerto en su comunidad.
Los detenidos fueron acusados de secuestrar y agredir a policías durante los disturbios y se les impusieron penas de más de 30 años, pero fueron liberados después de que la Corte Suprema estableciera que la sentencia en su contra había sido "ilegal".
Uno de los ministros del máximo tribunal, Juan Silva Meza, incluso consideró que las sentencias eran "una forma maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social como una forma de castigar".
En un comunicado emitido el sábado por la noche, el gobierno mexicano recordó que reconoció su responsabilidad en este caso en 2013. También indicó que fue el poder ejecutivo quien solicitó a la Comisión Interamericana que remitiera el asunto a la Corte, con sede en San José de Costa Rica, "a fin de que sea el órgano judicial el que considere la idoneidad de las medidas de reparación, a la luz de estándares interamericanos".
De acuerdo con el comunicado de prensa, actualmente hay más de 30 personas detenidas y sujetas a proceso penal por los sucesos de Atenco, se creó un fondo especial para la atención a las víctimas y se adecuó la legislación local y nacional en materia de violencia contra las mujeres y seguridad pública.
Sin embargo, desde 2006 —cuando comenzó la lucha frontal contra la delincuencia organizada de mano del entonces presidente Felipe Calderón— distintos cuerpos de seguridad, tanto locales, estatales como federales han sido acusados de violaciones graves a los derechos humanos.
Durante la actual presidencia de Enrique Peña Nieto, que comenzó en diciembre de 2012, han sido notorios casos de ejecuciones extrajudiciales a manos del ejército (caso Tlatlaya) o de la policía federal (caso Tanhuato). También los vínculos entre policías locales y estatales con la delincuencia organizada (como en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos) o el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones, como lo que aparentemente ocurrió en Nochixtlán, Oaxaca, durante una protesta de maestros en junio, un caso todavía en investigación.
Además, en junio de este año Amnistía Internacional presentó un informe en el que aseguraba que la tortura sexual contra las mujeres es una práctica habitual entre las fuerzas de seguridad. La organización señaló que en entrevistas realizadas a 100 mujeres mexicanas encarceladas, 72 reportaron tortura sexual durante su arresto, y 97 que fueron golpeadas o recibieron algún tipo de abuso físico.
FUENTE: Associated Press