La organización mencionó en su informe a cuatro coroneles y un general que estaban al mando en casos que las autoridades investigan como “falsos positivos”.
Las fuerzas de seguridad mataron a miles de civiles, muchos de ellos campesinos pobres, entre 2002 y 2008 durante el pico de la ofensiva contra la guerrilla de las FARC. Los oficiales contaban a los civiles como guerrilleros para inflar las cifras de muertes en combate y obtener vacaciones y bonificaciones.
“Naturalmente, cada uno de estos cinco oficiales goza de la presunción de inocencia”, dijo José Miguel Vivanco, director para América de Human Rights Watch. “Pero ascenderlos mientras están siendo investigados indicaría que las autoridades no buscan seriamente la justicia para los falsos positivos.
En la jerga militar se llama “positivo” a un guerrillero abatido en combate.
Uno de los cinco es el general de brigada Francisco Javier Cruz Ricci, a quien se investiga por su presunto papel en la matanza de dos civiles en 2004. Investigadores de Human Rights Watch dicen tener pruebas que lo implican en esos delitos, entre ellas la confesión de un soldado de que Ricci habría ordenado esas muertes.
Mientras cientos de militares, principalmente de baja graduación, han sido condenados por su papel en las matanzas extrajudiciales, muchos oficiales superiores que se cree fueron los responsables no han sido acusados y, por el contrario, han recibido ascensos. Bajo el derecho internacional, un comandante es penalmente responsable si sabía o debería haber sabido que un subordinado cometió un delito y no trató de impedir o sancionarlo.
Ricci está en camino a ser ascendido a mayor general. Un documento de la procuraduría al que tuvo acceso The Associated Press a través de HRW confirma que está siendo investigado. El Senado colombiano decidirá próximamente si confirma su ascenso y el de otros 21 oficiales.
La lista de ascensos incluye al coronel David Bastidas, el segundo jefe de un batallón cuyos soldados son sospechosos de matar a decenas de civiles, entre ellos un niño cerca de su escuela y un hombre con trastornos mentales que visitaba a su abuelo.
Los procuradores investigan 79 muertes en 2004 y 25 en 2005, cuando Bastidas estaba al mando del batallón, según HRW.
El año pasado, el gobierno llegó a un acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia (FARC) para poner fin al conflicto más antiguo del continente. Este incluye la creación de un tribunal de paz especial ante el que deben declarar rebeldes y oficiales implicados en delitos. Los que informen sobre crímenes graves evitarán las largas condenas a prisión que podría dictarles un tribunal ordinario.
FUENTE: Associated Press