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Fredy Hinojosa, vocero de Boluarte y jefe de su gabinete de asesores, es investigado por fiscales anticorrupción por el suministro de comida en mal estado para el Programa Qali Warma ("niño vigoroso", en quechua, lengua indígena hablada en Perú), que alimenta a escolares de escasos recursos económicos.
Hinojosa fue director ejecutivo de este programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) entre 2019 y 2022 y Boluarte fue ministra de julio de 2021 a fines de 2022.
“No hay ningún elemento de convicción ni siquiera indicio que permita una sospecha mínima respecto a mi participación sobre los hechos irregulares que sí habrían cometido” dijo Hinojosa ante la prensa a la salida de su casa, tras el operativo.
Hinojosa se salvó de ser apresado gracias a una ley recientemente propuesta por el Congreso y promulgada por Boluarte, que impide que se aplique la figura de detención preliminar a personas investigadas cuando el delito no sea cometido en flagrancia. Ante las críticas, el Legislativo anuló la norma, pero aún espera que la mandataria la promulgue para que rija. Como aún está vigente, el juez negó el pedido de la fiscalía para apresarlo.
El caso involucra a una red de funcionarios del gobierno y directivos y empleados de la empresa proveedora de alimentos y hay 25 investigaciones abiertas para determinar la posible la comisión de delitos como organización criminal, colusión agravada, tráfico de influencias, entre otros.
La diligencia, que se ejecuta con unidades especiales de la policía, se hace desde la madrugada en simultáneo en Lima y Huaura, ciudad a 147 kilómetros al norte de la capital, para incautar bienes y documentos que consideren relevantes para la indagación.
Entre los otros funcionarios involucrados está también el actual ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, quien fue viceministro cuando Boluarte era la titular de esa entidad y es investigado por el presunto delito de omisión de funciones por “no haber cautelado oportunamente, observado o haber hecho un monitoreo respecto de las adquisiciones”, según dijo la fiscal de la Nación, Delia Espinoza en un medio local.
El caso estalló en octubre cuando en canal televisivo Latina reveló conversaciones de una trabajadora de la empresa proveedora de alimentos, en los que se hablaba de supuestos sobornos hechos por la empresa a funcionarios del ministerio de salud a cambio de favorecerla en pruebas a productos que habían generado intoxicaciones.
FUENTE: Associated Press
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