Evadieron la justicia por más de 30 años a causa de una ley de amnistía que los protegía, pero recientemente fue declarada inconstitucional y el martes la Corte Suprema de Justicia de El Salvador permitió a una jueza proceder.
En 2006, familiares y víctimas trataron de activar el juicio pero no tuvieron éxito.
Gracias a esta nueva determinación de la Corte se podrán iniciar procesos penales contra las fuerzas armadas que participaron en la guerra civil (1980-1992) y los miembros de la excomandancia general del guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), actualmente en el poder.
La matanza ocurrió en El Calabozo, un paraje rural del municipio de San Estaban Catarina, a 58 kilómetros al este de la capital, durante una operación del batallón Atlacatl, entrenado en tácticas de contrainsurgencia en Estados Unidos.
La fuerza armada desarrollaba un extenso operativo en la zona en la que participaron unidades de infantería, artillería y fuerza aérea.
Los soldados que llegaron a esta zona buscaban unidades guerrilleras y capturaron a más de 200 campesinos, hombres, mujeres y niños, que después asesinaron.
De acuerdo con una investigación de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, que documentó los crímenes cometidos durante el conflicto armado que dejó más de 76.000 muertos, unos 12.000 desaparecidos y miles de desplazados, las víctimas habían llegado al lugar desde diversas procedencias. Todos huían de un operativo militar antiguerrillero que había iniciado tres días antes en lugares aledaños.
Sin embargo, a pesar del informe de la Comisión, las autoridades negaron los hechos. "Aunque expresaron haber hecho una investigación, no existe rastro alguno de su existencia", detalló en su momento aquella institución.
Los familiares presentaron una acusación formal contra miembros de la fuerza armada salvadoreña hace diez años, pero la acusación no prosperó por la negativa del tribunal y el juicio fue archivado. Los militares que ahora están retirados nunca respondieron por delitos de asesinato, actos de terrorismo, daños agravados y otros, pero tras la nueva medida que declaró la Corte, una jueza revisará el caso.
FUENTE: Associated Press