En un primer caso fueron acusados ocho militares: dos tenientes coronel --uno de ellos en retiro--, un mayor, un capitán, un sargento y tres soldados profesionales.
Los hechos sucedieron en septiembre de 2004 cuando una unidad militar fue sorprendida por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en zona rural del municipio de Nariño, en el departamento de Antioquia, al noroeste de Bogotá.
Tras un aparente enfrentamiento con los rebeldes, los militares reportaron la muerte de dos guerrilleros. Sin embargo, los supuestos alzados armas abatidos habían sido reportados como desaparecidos en una localidad relativamente cercana a Nariño.
En el segundo caso se ordenó la captura de 14 uniformados para ser escuchados en diligencia de indagatoria o de descargos: un coronel en retiro, un teniente coronel, cinco mayores (dos de ellos retirados), un capitán, un teniente retirado, un subteniente, tres sargentos y un cabo.
En este proceso la Fiscalía investiga 16 posibles homicidios de campesinos presentados como muertos en combate en 2007 por personal del ejército en la localidad de La Jagua de Ibirico, en el departamento de Cesar y al norte de la capital colombiana.
En octubre de 2008, el presidente Álvaro Uribe (2002-2010) y su entonces ministro de Defensa, el hoy mandatario Juan Manuel Santos, destituyeron a 27 militares --entre ellos tres generales-- porque por acción u omisión habrían permitido casos similares a los ocurridos en Nariño y La Jagua de Ibirico.
La Fiscalía inició una vasta investigación y estableció que al menos 3.000 colombianos fueron víctimas de este tipo de ejecuciones extrajudiciales por parte de militares corruptos. Varios centenares de uniformados han tenido que responder ante la justicia. Muchos de ellos ya están condenados.
FUENTE: Associated Press