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Un jurado del sur de Florida deliberó apenas unas cuantas horas antes de declarar culpables a Claudia Díaz y a su esposo, Adrián Velásquez, de cinco de los seis cargos detallados en el acta acusatoria que les imputa haber aceptado sobornos por al menos 4,2 millones de dólares.
El juicio de la pareja era considerado una prueba crucial para la capacidad de la fiscalía federal de hacer que los llamados cleptócratas venezolanos rindan cuentas por esquilmar a la nación petrolera.
Según la acusación formal, la pareja recibió pagos de parte de compañías controladas por Raúl Gorrín — un magnate de los medios que actualmente se encuentra prófugo — en cuentas en Miami que supuestamente fueron usadas para financiar la lujosa vida de la pareja.
El caso del gobierno se sustentó en buena medida en el testimonio de uno de los predecesores de Díaz en la Oficina del Tesoro: Alejandro Andrade, quien declaró desde el estrado que Díaz continuó con el acuerdo financiero que él había concretado en un principio con Gorrín.
Al igual que Díaz, Andrade, un exagente de seguridad presidencial, sacó provecho de su relación personal con Chávez para ascender en el ejército y en la política venezolana, amasando una enorme fortuna casi de la noche a la mañana.
Salió de prisión en 2021 luego de cumplir menos de la mitad de una sentencia de 10 años por su participación en un ardid para canalizar millones de dólares de las arcas del Estado. Como parte de su acuerdo con la fiscalía, renunció a más de 260 millones de dólares en efectivo y activos, incluyendo una mansión frente al mar en Palm Beach, vehículos de lujo, caballos de exhibición y varios relojes Rolex y Hublot.
El juicio se produjo en momentos en que las relaciones usualmente hostiles entre Estados Unidos y Venezuela comienzan a descongelarse después de un periodo de “máxima presión” durante el gobierno del presidente Donald Trump para destituir al mandatario Nicolás Maduro.
Más recientemente, el gobierno del presidente Joe Biden relajó las sanciones petroleras en contra de la nación sudamericana perteneciente a la OPEP, permitiéndole a la compañía petrolera estadounidense Chevron reanudar su producción en Venezuela luego de más de tres años para apoyar las incipientes negociaciones entre el gobierno y la oposición.
Pero las investigaciones penales en marcha en contra de miembros del gobierno de Venezuela siguen bajo el microscopio en el sur de Florida, donde residen millones de venezolanos, cubanos y nicaragüenses que huyeron de gobiernos izquierdistas en sus países de origen.
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Goodman está en Twitter como: @APJoshGoodman
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