El plan “fronteras seguras” desplegará “operaciones conjuntas y permanentes” de policías y militares en las tres regiones de Bolivia que limitan con Brasil, según indicó el ministro de Gobierno boliviano Marco Antonio Oviedo a medios de prensa.
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SUSCRIBITELA PAZ, Bolivia (AP) — Bolivia y Brasil pondrán en marcha esta semana un plan de seguridad para frenar al crimen organizado en su extensa frontera de más de 3.400 kilómetros ante la guerra territorial que libran en el país andino dos carteles brasileños por el control de una ruta del narcotráfico.
El plan “fronteras seguras” desplegará “operaciones conjuntas y permanentes” de policías y militares en las tres regiones de Bolivia que limitan con Brasil, según indicó el ministro de Gobierno boliviano Marco Antonio Oviedo a medios de prensa.
La cooperación bilateral, que decayó entre 2006 y 2025, se ha reforzado desde marzo. Y desde fines de julio, la policía de Brasil coopera estrechamente con su par boliviana luego de la muerte de al menos 15 personas, la mayoría brasileñas, producto de ejecuciones en la provincia de Santa Cruz, en el oriente boliviano.
Un oficial de la policía boliviana fue asesinado además por presuntos narcos el 30 de julio en el poblado rural fronterizo de San Matías, cuando investigaba el asesinato de cuatro civiles. Días después, dos reos brasileños se fugaron de una cárcel de Santa Cruz en medio del enfrentamiento entre el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV).
En el marco de la cooperación a la que se han visto forzados ambos gobiernos, la policía federal brasileña abatió el viernes a cuatro presuntos narcos bolivianos que huyeron al vecino país tras desatar una ola de crímenes en Santa Cruz.
Según el conservador presidente Rodrigo Paz, en veinte años de gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) se relajaron los controles, lo que facilitó la expansión del crimen organizado. Informes policiales señalan que el PCC convirtió a Santa Cruz en una base de operaciones del narcotráfico y en un santuario para proteger a sus líderes.
Paz dijo que en sus nueve meses de gestión deportó al vecino país a 16 capos de la droga que estaban refugiados en Bolivia. Entre ellos se encontraba Marcos Roberto de Almeida, alias “Tuta" y uno de los jefes máximos del PCC, y Gerson Palermo, otro líder buscado.
San Matías se ha transformado en una violenta zona roja de las mafias.
Paz ha denunciado que el “narcoterrorismo” se infiltró además con fines desestabilizadores en las recientes protestas con cortes de ruta que asfixiaron a La Paz y otras ciudades durante 53 días, en las que sindicatos demandaron la renuncia del mandatario por la falta de respuestas a la crisis económica.
Según un reciente informe de la privada Fundación Milenio, Bolivia pasó de ser un país de producción limitada y tránsito de hoja de coca —materia prima de la cocaína— a convertirse en un centro integrado de producción y exportación de esa sustancia con conexiones internacionales cada vez más complejas. Al mismo tiempo, el Estado ha mostrado fragilidad institucional para combatir al crimen organizado.
Hoy, Bolivia es el tercer productor mundial de cocaína después de Colombia y Perú.
Brasil es uno de los mayores destinos de esa droga y de armas traficadas desde Bolivia, según expertos.
Por territorio boliviano también transita la cocaína peruana. Droga de ambos países es enviada desde Brasil a Europa, Chile, Argentina y Paraguay.
El Chapare, en el centro boliviano, sigue siendo la principal zona productora de cocaína. Allí Morales cuenta con el apoyo de los sindicatos cocaleros. Sobre el exmandatario pesan órdenes de detención por cargos que ha realizado la justicia en su contra, aunque no relacionados con el narcotráfico.
El PCC y el CV se disputan un corredor de cocaína que va desde Santa Cruz al estado de Mato Grosso do Sul en Brasil, que operaba el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado en Bolivia y entregado a la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) en marzo. Entre los abatidos por la policía brasileña en Mato Grosso do Sul está José Mariano Paz Chávez, alias “Piña”, principal socio de Marset.
El uruguayo operaba desde Santa Cruz su vasta red criminal con conexiones en Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Su caída provocó una fragmentación de células criminales que ahora disputan el corredor mencionado, según las autoridades bolivianas.
La intervención de la policía brasileña ha marcado un punto de quiebre en la cooperación entre los dos países. En el pasado Brasil había reducido al mínimo su apoyo a Bolivia ante denuncias de filtración de informes policiales a bandas criminales.
También la DEA ha vuelto a cooperar con Bolivia tras ser expulsada en 2009, durante el gobierno de Morales. Paz se ha alineado con la alianza continental contra el crimen organizado que lidera el presidente Donald Trump, que ha comprometido una ayuda de 20 millones de dólares para reforzar a la fuerza policial, según el ministro de Defensa Ernesto Justiniano.
FUENTE: AP

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