Las organizaciones sostienen en una demanda presentada el miércoles que se han visto obligadas a censurar su propio trabajo activista para evitar el escrutinio de la Casa Blanca, que en una orden ejecutiva del año pasado no solo apuntó contra el tribunal penal con sede en La Haya, sino que además prohibió prestar o recibir servicios a o de entidades que hayan sido sancionadas.
Grupos de derechos demandan al gobierno de Trump por las sanciones a la Corte Penal Internacional
WASHINGTON (AP) — Dos grupos de derechos humanos afirman que las sanciones del gobierno de Trump impuestas contra la Corte Penal Internacional por sus investigaciones sobre la guerra de Israel contra Hamás en Gaza han obstaculizado de forma ilegalmente su capacidad de abogar por los palestinos.
La demanda presentada por DAWN y Taxpayers Alliance Against Genocide ante un tribunal federal en Manhattan contra altos funcionarios del gobierno solicita una orden judicial que anule las restricciones a su labor y a su capacidad de interactuar con grupos palestinos de derechos humanos y otras partes sancionadas.
“El gobierno de Trump está utilizando el instrumento tosco de las sanciones económicas no solo para castigar a los defensores de los derechos humanos, sino para vigilar las expresiones políticas de millones de estadounidenses”, afirmó Omar Shakir, director ejecutivo de DAWN, un grupo con sede en Estados Unidos que promueve la democracia y los derechos humanos en el mundo árabe y que fue fundado por el periodista de The Washington Post Jamal Khashoggi, asesinado en 2018.
“El gobierno está violando los derechos constitucionales de los ciudadanos estadounidenses para proteger a funcionarios de un gobierno extranjero que han cometido un genocidio”, indicó Shakir en un comunicado.
La Casa Blanca no respondió de inmediato a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios sobre la demanda.
La CPI, con sede en La Haya, investiga denuncias de crímenes de guerra en Gaza durante la guerra que comenzó después de que Hamás atacara a Israel el 7 de octubre de 2023. Un panel de jueces emitió órdenes de arresto en 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant. Netanyahu ha calificado las órdenes de “absurdas”.
Estados Unidos e Israel no figuran entre los miembros del tribunal, y ninguno de los dos países reconoce su autoridad.
En respuesta a las órdenes de arresto, el presidente Donald Trump, republicano, emitió una orden ejecutiva el año pasado en la que acusó a la CPI de participar en “acciones ilegítimas e infundadas dirigidas contra Estados Unidos y nuestro cercano aliado Israel” y advirtió sobre “consecuencias tangibles y significativas” para los responsables de las “transgresiones” de la CPI.
Durante el último año, Estados Unidos ha impuesto sanciones a grupos palestinos de derechos humanos, a una serie de jueces y empleados de la CPI —incluido el exfiscal del tribunal— y a Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para Cisjordania y Gaza. Su familia presentó una demanda en febrero, al afirmar que las sanciones violaban la Primera Enmienda.
Según la demanda, DAWN ya ha detenido el trabajo en reportes para la CPI sobre la conducta de Israel durante la guerra, dejó de intercambiar pruebas y análisis jurídicos con organizaciones no gubernamentales sancionadas y se abstuvo de colaborar con ellas en campañas de concienciación. También se ha visto obligada a “interrumpir sus compromisos profesionales con Albanese”.
“El efecto amedrentador sobre los demandantes ha sido profundo”, señala la demanda. “Ahora se enfrentan a penas de prisión y multas ruinosas si, en sus interacciones con las partes designadas, proporcionan o reciben cualquier cosa que los demandados pudieran caracterizar de manera plausible como un ‘servicio’, un término extraordinariamente amplio que potencialmente abarca cualquier acto que confiera un beneficio a su receptor. Temiendo responsabilidades, los demandantes —y muchos otros como ellos— han recurrido a la autocensura”.
El secretario de Estado Marco Rubio, quien figura entre los demandados, criticó al tribunal incluso esta misma semana y prometió, en un artículo de opinión en The Wall Street Journal, que el gobierno de Trump “desmantelará la CPI —ladrillo por ladrillo, si es necesario—”. Advirtió que el “exceso” del tribunal, si no se controla, podría someter a agentes de la Patrulla Fronteriza, fiscales federales y marines de Estados Unidos a la jurisdicción del tribunal.
“Que la CPI interfiera en las operaciones militares y policiales de Estados Unidos no es sólo un grave exceso de sus supuestas atribuciones", escribió Rubio. "Significaría la muerte de Estados Unidos como nación soberana e independiente. Nuestras decisiones y nuestro pueblo quedarían a merced de la CPI y sus colaboradores en la ‘comunidad internacional’. Aceptar a la CPI es ceder el control de nuestro destino nacional”.
El Departamento de Estado indicó que la campaña contra el tribunal podría incluir sanciones adicionales o la revocación de visas y prohibiciones de viaje para empleados de la CPI, así como un “mayor escrutinio” de los países que no rechacen la autoridad de la CPI.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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