Washington D.C. – Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos dio luz verde a la administración de Donald Trump para avanzar con la revocación masiva del estatus legal de más de medio millón de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que ingresaron al país bajo el programa de parole humanitario (CHNV) implementado en 2023 por el presidente Joe Biden.
La decisión judicial
La resolución, emitida este viernes, anula una suspensión previa dictada por un juez federal en Boston, que había frenado temporalmente las deportaciones. Según la Suprema Corte de EE.UU., la ley de inmigración requiere un análisis individual para otorgar el parole, pero no impone esa misma limitación para su cancelación, lo que abre la puerta a revocaciones colectivas.
El tribunal concluyó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tiene autoridad suficiente para poner fin al programa bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
Argumentos del gobierno y respuesta de los demandantes
Los jueces señalaron que el Departamento de Seguridad Nacional justificó la medida con razones “razonables”:
Además, recordaron que el parole siempre fue un permiso temporal, limitado a dos años y con advertencias claras de que podía ser revocado en cualquier momento.
Por su parte, los demandantes —migrantes afectados y organizaciones de apoyo— denunciaron que la decisión viola el debido proceso al cancelar de forma masiva permisos previamente concedidos. También alertaron que la medida pone en riesgo a miles de familias ya establecidas en Estados Unidos.
Impacto humanitario
La revocación podría dejar a cientos de miles de beneficiarios expuestos a la deportación inmediata y sin autorización de trabajo, lo que afectaría gravemente su estabilidad económica y social.
Defensores de inmigrantes y organizaciones de derechos humanos advirtieron sobre el impacto devastador en familias enteras, que podrían enfrentar la separación forzada y quedar en situación de vulnerabilidad extrema.
Repercusiones políticas
La administración Trump celebró el fallo como una victoria para su agenda migratoria, subrayando que el parole debe aplicarse únicamente caso por caso y bajo razones urgentes de beneficio público.
Sin embargo, especialistas advierten que la decisión podría sentar un precedente peligroso para otros programas de parole humanitario vigentes, incluidos los creados para ciudadanos de Ucrania, Afganistán y países de Centroamérica.