Piden a la Corte Suprema de Justicia que suspenda política de carga pública

Sin embargo, muchos migrantes legales temen llenar aplicaciones para obtener asistencia de alimentos, seguros médicos, sellos de comida o para pagar las viviendas y luego ser considerados carga pública que les impida obtener la residencia o la ciudadanía.

La medida de carga pública entró en vigencia en enero. Si un emigrante, en un período de 36 meses, durante 12 meses recibió algún tipo de ayuda, podría ser considerado bajo esta categoría y no tendría derecho a su residencia o a reclamar familiares, algo que en la actual crisis sanitaria del coronavirus pone a muchos a escoger entre sobrevivir hoy o pensar en el futuro.

Por su parte, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USICS), en un comunicado en su web, anunció que flexibilizaba renglones de la carga pública, como que el tratamiento de los síntomas del coronavirus no afectaría negativamente a ningún extranjero.

Los abogados de los inmigrantes piden una suspensión total.

FUENTE: Daniel Benítez / Americateve.com