Letitia James, acorralada: El FBI investiga FORMALMENTE a la fiscal general de Nueva York

Propiedad en Norfolk, Virginia (2023)

James, como codeudora, participó en la compra de una vivienda unifamiliar junto a su sobrina, Shamice Thompson-Hairston. Un poder notarial firmado por James el 17 de agosto de 2023 declaraba: “Por la presente declaro que tengo la intención de ocupar esta propiedad como mi residencia principal”.

Sin embargo, la ley estatal de Nueva York exige que los funcionarios electos, como James, mantengan su residencia principal en el estado.

Pulte señaló que esta declaración podría haber permitido a James acceder a una tasa hipotecaria más baja, ya que las hipotecas para residencias principales suelen tener mejores condiciones.

El documento fue firmado como testigo por Jennifer Levy, primera fiscal general adjunta, lo que generó preguntas sobre su participación en una transacción personal de James.

Propiedad en Brooklyn (2001)

James compró una residencia multifamiliar en 2001, que según un certificado de ocupación de ese año tiene cinco unidades.

Sin embargo, en permisos de construcción, solicitudes de hipoteca y otros documentos, James la registró como de cuatro unidades, lo que podría haberle permitido calificar para préstamos con mejores términos.

Sin embargo, su abogado, Abbe Lowell, sostiene que la propiedad siempre ha sido de cuatro unidades y que el certificado de ocupación no refleja la configuración actual.

Propiedad en Queens (1983)

Documentos de una hipoteca de 1983, cuando James tenía 24 años, la registran como “esposa” de su padre, con quien compró una propiedad.

Lowell atribuyó esto a un error administrativo cometido por otra persona, aunque James firmó el documento notariado.

Respuesta de James y su defensa

James ha calificado las acusaciones de “infundadas” y ha contratado al reconocido abogado penalista Abbe Lowell para representarla.

Lowell, quien recibe compensación de un fondo privado de defensa legal y fondos públicos, envió una carta de seis páginas a Bondi el 24 de abril, acusando al presidente Donald Trump de orquestar una campaña de “retribución política” contra James por sus investigaciones previas sobre los negocios de Trump.

En esa misma línea, Lowell argumentó que en la compra de Virginia, James dejó claro en un correo al agente hipotecario, dos semanas antes del poder notarial, que la propiedad “NO será mi residencia principal” y que sería ocupada por su sobrina. El poder notarial que indicaba lo contrario fue un error.

Sobre la propiedad de Brooklyn, Lowell afirmó que numerosos registros públicos de las últimas dos décadas confirman que tiene cuatro unidades, y acusó a Pulte de basarse selectivamente en un certificado de ocupación de 24 años.

Respecto a la hipoteca de 1983, Lowell insistió en que el error de listar a James como “esposa” de su padre fue administrativo y no involucró su intervención directa.

Tensiones políticas

La investigación coincide con tensiones políticas, ya que James lideró una demanda civil contra Trump en 2022, resultando en una multa de más de $360 millones por “ganancias ilícitas” derivadas de inflar el valor de propiedades.

Trump, quien apeló el veredicto, ha calificado las acciones de James como motivadas políticamente y, el 14 de abril, escribió en Truth Social que James, “una política totalmente corrupta” y que “debería renunciar”.

Los demócratas la respaldan

En el presupuesto estatal de Nueva York, en debate esta semana, los líderes demócratas incluyeron un fondo de $10 millones para que James y otros funcionarios cubran honorarios legales en casos relacionados con acciones de la Administración Trump, según reporta el New York Post.

Por su parte, los legisladores republicanos planean impugnar este fondo, argumentando que las transacciones investigadas son personales y no están vinculadas al cargo de James.

La investigación federal

John A. Sarcone III, fiscal federal del Distrito Norte de Nueva York, confirmó que el caso está siendo manejado por el Departamento de Justicia (DOJ) y el FBI en Albany, y en esa línea señaló: “Estamos preparados para actuar con la capacidad necesaria si se nos informa que se debe presentar una acusación”.

Además, Sarcone criticó a James, acusándola de hacer campaña sin ética contra Trump, y aseguró que su oficina actúa de manera “correcta y profesional”.

Pulte sugirió que las presuntas acciones de James podrían violar estatutos federales sobre fraude electrónico, postal, bancario o declaraciones falsas a instituciones financieras.

Lowell, por su parte, instó a Bondi a mantener la independencia del DOJ y evitar la politización.

Próximos pasos

La investigación sigue en curso, y hasta ahora no se han presentado cargos formales contra James. La atención se centra en si las pruebas sustancian las acusaciones de fraude y en cómo la tensión política entre la fiscal general James y la Administración Trump sigue adelante.