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El juez federal de distrito Charles Breyer pospuso la emisión de cualquier fallo adicional y, en su lugar, solicitó informes de ambas partes para el lunes a mediodía sobre si se está violando la Ley Posse Comitatus, que prohíbe a los soldados realizar tareas de aplicación de la ley civil en suelo estadounidense, en Los Ángeles.
La audiencia se produce un día después de que el panel del Tribunal Federal de Apelaciones del 9no Circuito permitió al presidente mantener el control de los soldados de la Guardia Nacional que desplegó en respuesta a las protestas por las redadas de inmigración.
El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo en su denuncia que "la violación de la Ley Posse Comitatus es inminente, si no es que ya está en marcha", pero la semana pasada Breyer pospuso considerar esa alegación.
El vicepresidente JD Vance, un veterano de la Marina, viajó a Los Ángeles el viernes y se reunió con los soldados, incluidos los marines que han sido desplegados para proteger edificios federales.
Según Vance, el tribunal determinó que la decisión de Trump de enviar elementos federales "fue legítima" y lo hará de nuevo si es necesario.
"El presidente tiene una propuesta muy simple para todos en cada ciudad, cada comunidad, cada pueblo, ya sea grande o pequeño: si hacen cumplir sus propias leyes y si protegen a los agentes de policía federales, no vamos a enviar a la Guardia Nacional porque no es necesario", dijo Vance a los periodistas después de recorrer un complejo federal en Los Ángeles.
El recorrido de Vance por un Centro de Operaciones Conjuntas Federal Multiagencia y un centro de comando móvil se produjo cuando las manifestaciones se han calmado después de enfrentamientos a veces violentos entre manifestantes y la policía y brotes de vandalismo y saqueos que siguieron a las redadas de inmigración en el sur de California a principios de este mes. Decenas de miles de personas también han marchado pacíficamente en Los Ángeles desde el 8 de junio.
Los soldados de la Guardia Nacional han estado acompañando a agentes federales en algunas redadas de inmigración, y los marines detuvieron brevemente a un hombre el primer día que se desplegaron para proteger un edificio federal. Esto marcó la primera vez que efectivos federales detuvieron a un civil desde que se desplegaron en la segunda ciudad más poblada del país.
Breyer determinó que Trump había excedido su autoridad legal, la cual, según él, permite a los presidentes controlar las tropas de la Guardia Nacional estatal solo durante tiempos de "rebelión o peligro de rebelión".
"Las protestas en Los Ángeles están muy lejos de ser una 'rebelión'", escribió Breyer, un fiscal del caso Watergate que fue nombrado por el presidente Bill Clinton y es hermano del juez retirado de la Corte Suprema Stephen Breyer.
El gobierno de Trump argumentó que los tribunales no pueden cuestionar las decisiones del presidente. El panel de apelaciones dictaminó lo contrario, diciendo que los presidentes no tienen poder ilimitado para tomar el control de la guardia de un estado, pero dijo que al citar actos violentos por parte de los manifestantes en este caso, el gobierno de Trump había presentado suficiente evidencia para demostrar que tenía una justificación defendible para poner bajo control del gobierno federal a los soldados.
Por ahora, la Guardia Nacional de California permanecerá bajo control federal mientras el litigio avanza. Es el primer despliegue por parte de un presidente de la Guardia Nacional de un estado sin el permiso del gobernador desde que se enviaron soldados para proteger a los manifestantes del Movimiento por los Derechos Civiles en 1965.
Trump celebró el fallo de apelación en una publicación en redes sociales, llamándolo una "gran victoria" y sugiriendo más posibles despliegues.
Por su parte, Newsom también advirtió que California no será el último estado en ver soldados en las calles si Trump se sale con la suya.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: Associated Press
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