El informe de 84 páginas, publicado conjuntamente el miércoles por Human Rights Watch y la Unión Americana de Libertades Civiles, también señala que hombres y mujeres retenidos en Camp East Montana, ubicado en la base militar Fort Bliss en El Paso, relataron que se les negó atención médica, que fueron obligados a vivir en condiciones inmundas y que se les dio comida incomible. Los detenidos también indicaron que se les impidió comunicarse con sus abogados o familiares.
Denuncian abusos en centro de detención de inmigrantes en Texas
WASHINGTON (AP) — Decenas de personas retenidas en una extensa instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas afirman que fueron golpeadas por guardias o que presenciaron cómo golpeaban a otras, según un informe emitido por activistas legales y de derechos humanos.
De los 71 detenidos contactados durante un periodo de cinco meses, 64 —aproximadamente el 90% de los entrevistados— dijeron que habían sido agredidos personalmente por el personal o que habían visto a otros sufrir abusos físicos, de acuerdo con el informe.
“El Camp East Montana del ICE es un desastre de derechos humanos", declaró Angélica César, investigadora asociada de Human Rights Watch y la ACLU y una de las principales investigadoras del informe. "El gobierno de Estados Unidos debería cerrarlo, realizar investigaciones independientes sobre todos los abusos y muertes bajo custodia, y poner fin a las deportaciones masivas y a la detención migratoria obligatoria”.
El Departamento de Seguridad Nacional, que incluye al ICE, no ha respondido a una solicitud de comentarios.
Los testimonios coinciden con reportes anteriores de The Associated Press y otros medios. Al menos tres detenidos retenidos en la instalación desde que abrió en agosto han muerto, incluido un migrante cubano de 55 años que estaba esposado y dejó de respirar a principios de este año después de que guardias lo inmovilizaran.
Posteriormente, un médico forense local determinó que esa muerte fue un homicidio, y un informe federal publicado el mes pasado indicó que pruebas del caso estaban “perdidas o destruidas”. Ese informe, de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, concluyó que la mala gestión del Departamento de Seguridad Nacional había creado condiciones inseguras que contribuyeron a muertes y sufrimiento de detenidos, incluso mientras millones de dólares de impuestos desperdiciados enriquecían a contratistas.
El ICE reemplazó en marzo a Acquisition Logistics, LLC, el contratista principal al que el año pasado se le había adjudicado un acuerdo de hasta 1.300 millones de dólares para construir y administrar el campamento. La empresa de Virginia no tenía experiencia previa operando un centro de detención del ICE, nunca había ganado un contrato federal por más de 16 millones de dólares y carecía de un sitio web funcional.
El cambio se produjo mientras una revisión interna del ICE documentaba 49 deficiencias, que define como violaciones de normas o políticas de detención, en áreas que incluyen el uso de la fuerza y de sujeciones, la seguridad y la atención médica.
Pese al cambio de contratistas, entrevistas realizadas por Human Rights Watch y la ACLU tan recientemente como el mes pasado hallaron que persistían problemas graves en el campamento.
Según el informe, los detenidos describieron condiciones de vida degradantes e inhumanas que incluían baños cubiertos de heces, unidades habitacionales inundadas y falta de acceso a jabón u otros suministros básicos de higiene. También informaron que permanecieron encerrados durante semanas sin acceso significativo a recreación, luz solar o aire fresco. Recibían comida en mal estado y horarios de comida irregulares, con demoras de hasta 12 horas entre comidas.
El informe recoge declaraciones de detenidos según los cuales los guardias golpeaban a personas detenidas en respuesta a huelgas de hambre, solicitudes de atención médica y quejas sobre las condiciones de detención. Los guardias impusieron castigos colectivos, golpeando o agrediendo a varias personas después de acusar a un detenido de violar las reglas, según el informe.
Los investigadores encontraron que el personal presionó y coaccionó a quienes estaban retenidos allí para que abandonaran sus solicitudes migratorias y aceptaran ser expulsados a terceros países si no podían ser enviados de regreso a su propio país. Los detenidos dijeron que fueron amenazados con violencia, procesamiento penal y detención indefinida si se negaban a la deportación.
En algunos casos, concluyó el informe, las circunstancias de la detención podrían equivaler a desapariciones forzadas, una posible violación del derecho internacional de los derechos humanos.
Human Rights Watch y la ACLU instaron al gobierno de Trump a cerrar Camp East Montana y a permitir investigaciones independientes sobre muertes bajo custodia, uso excesivo de la fuerza, negligencia médica y desapariciones forzadas.
“Los abusos documentados en Fort Bliss son el resultado previsible de la agenda de deportaciones masivas del gobierno de Trump, su brutal expansión de la detención migratoria y la erosión de los mecanismos federales de supervisión", indicó César, la investigadora principal. "Las personas en Camp East Montana son seres humanos que merecen ser tratadas con dignidad y protegidas del daño”.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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