Washington considera que el poder en Cuba va más allá de Díaz-Canel y está repartido entre la familia Castro, los militares y la burocracia comunista, según Bloomberg
¿Quién controla realmente el poder en Cuba? Para la administración de Donald Trump, la respuesta sería mucho más compleja que señalar únicamente a Miguel Díaz-Canel.
Una investigación de Bloomberg, basada en fuentes familiarizadas con la estrategia estadounidense hacia la isla, asegura que funcionarios de Washington consideran que el poder cubano está fragmentado entre diferentes núcleos de influencia, entre ellos la familia Castro, las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), la burocracia del Partido Comunista (PCC) y descendientes de figuras históricas de la Revolución.
Según esta interpretación, Díaz-Canel ocupa formalmente la presidencia y la máxima dirección del Partido, pero su margen de actuación estaría condicionado por estructuras de poder construidas durante décadas alrededor de la familia Castro y del aparato militar.
Este diagnóstico sería clave para entender por qué Washington está priorizando actualmente la presión económica y financiera sobre la élite gobernante, mientras una eventual opción militar permanece, por ahora, en segundo plano.
Según Bloomberg, funcionarios estadounidenses consideran que analizar el sistema cubano exclusivamente alrededor de Díaz-Canel sería insuficiente para comprender cómo se toman realmente las decisiones en la isla.
La administración Trump estaría observando diferentes centros de influencia que, aunque forman parte del mismo sistema político, pueden tener intereses propios.
Entre ellos aparecen:
La familia Castro y su entorno.
La cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Altos funcionarios del Partido Comunista de Cuba.
El aparato de seguridad e inteligencia.
Descendientes y familiares de otras figuras históricas del régimen.
La coexistencia de esos grupos convertiría cualquier escenario de sucesión o transformación política en un proceso especialmente complejo.
Aunque Raúl Castro, de 95 años, abandonó formalmente sus principales cargos, Washington considera que el entorno familiar conserva influencia dentro de determinadas estructuras del sistema.
Esa percepción ha cobrado mayor relevancia durante 2026 debido al creciente protagonismo atribuido a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, “El Cangrejo”, nieto de Raúl Castro.
Reportes de medios estadounidenses lo han situado en contactos con representantes de Washington y en conversaciones relacionadas con posibles escenarios políticos futuros.
Esto reforzaría la idea de que el apellido Castro continúa teniendo peso más allá de los cargos institucionales formales.
Otro de los grandes centros de poder identificados por Washington serían las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Su influencia trasciende ampliamente el terreno militar.
A través de estructuras empresariales vinculadas a las FAR, los militares mantienen presencia en sectores estratégicos de la economía cubana, especialmente aquellos capaces de generar divisas.
El principal ejemplo es GAESA, el conglomerado empresarial militar con intereses en turismo, comercio, finanzas, inmobiliarias, logística y otras áreas estratégicas.
La importancia económica de los militares ayuda a explicar la estrategia de sanciones aplicada por la administración Trump.
Washington ha concentrado parte de su ofensiva en empresas y entidades vinculadas a las FAR con el objetivo de reducir el flujo de recursos hacia las estructuras que considera fundamentales para la supervivencia del régimen.
En mayo, Estados Unidos adoptó medidas contra GAESA.
Posteriormente amplió las sanciones hacia otras entidades estatales y sectores económicos considerados estratégicos.
La hipótesis estadounidense es que restringir el acceso al dinero podría aumentar las tensiones dentro de la propia élite.
El diagnóstico sobre la fragmentación del poder cubano también explicaría por qué una intervención militar habría perdido prioridad inmediata dentro de la estrategia estadounidense.
Según Bloomberg, la administración Trump considera que todavía existen herramientas económicas capaces de aumentar significativamente la presión.
El objetivo sería debilitar las fuentes de financiamiento, provocar fisuras internas y generar condiciones para negociaciones con sectores dispuestos a modificar el rumbo político del país.
La opción militar no estaría formalmente descartada, pero Washington estaría apostando primero por sanciones, inteligencia y presión financiera.
Uno de los puntos centrales del análisis estadounidense sería la diferencia entre Cuba y Venezuela.
Después de los acontecimientos ocurridos en Venezuela, Washington pudo identificar estructuras institucionales capaces de mantener cierta continuidad política.
En Cuba, según Bloomberg, el escenario sería considerablemente más fragmentado.
Estados Unidos no encontraría un único centro de poder cuya salida permita reorganizar rápidamente el sistema.
La estructura construida durante casi siete décadas combina Partido, Fuerzas Armadas, organismos de seguridad, empresas estatales y redes familiares.
Esta fragmentación plantea una dificultad fundamental para cualquier estrategia estadounidense.
No basta con identificar quién ocupa formalmente la presidencia.
Washington necesita determinar qué instituciones controla cada grupo, quién administra los recursos económicos, quién mantiene influencia sobre las Fuerzas Armadas y los órganos de seguridad y qué figuras podrían negociar sin provocar un vacío de poder.
Esa necesidad explicaría también el aumento de las operaciones estadounidenses de inteligencia relacionadas con Cuba.
Reportes recientes de The New York Times han señalado que la CIA creó una fuerza de tarea dedicada específicamente a Cuba.
Entre sus objetivos estaría analizar posibles fracturas dentro de la élite gobernante y seguir negocios, activos y movimientos financieros vinculados a los círculos de poder.
La inteligencia financiera podría ayudar a Washington a determinar no solamente quién tiene influencia política, sino también quién controla realmente el dinero.
Ese conocimiento resultaría fundamental para diseñar nuevas sanciones o identificar posibles interlocutores.
El secretario de Estado Marco Rubio, una de las principales figuras de la política de Trump hacia Cuba, ha reconocido públicamente que una eventual transformación no sería inmediata.
Rubio expresó recientemente su confianza en que, antes de finalizar la actual administración en enero de 2029, Cuba pueda encontrarse en un camino que considere irreversible hacia un futuro diferente.
Pero también utilizó como referencia las transiciones de Europa del Este para explicar que desmontar estructuras construidas durante décadas requiere tiempo.
“Hay una transición que tiene que ocurrir y un proceso para llegar allí”, afirmó recientemente.
Existe otro problema importante.
Según Bloomberg, Estados Unidos tampoco tendría identificado actualmente un liderazgo opositor consensuado capaz de asumir rápidamente las riendas del país si se produjera una fractura del sistema.
Esto aumenta el riesgo de un vacío de poder.
Washington considera además que una Cuba convertida en un Estado fallido podría representar una amenaza para la seguridad nacional estadounidense debido a su proximidad con Florida, una eventual crisis migratoria y la posibilidad de una mayor inestabilidad regional.
La estrategia estadounidense enfrenta así un difícil equilibrio.
La administración Trump busca reducir los recursos de la cúpula, aumentar las diferencias internas y favorecer una transformación política.
Pero al mismo tiempo intenta evitar un escenario en el que las instituciones cubanas colapsen sin existir una estructura capaz de asumir el control.
Por ello, comprender quién manda realmente en Cuba se habría convertido en una pregunta central para Washington.
Formalmente, Miguel Díaz-Canel concentra dos de los cargos más importantes del sistema: presidente de la República y primer secretario del Partido Comunista.
Sin embargo, la lectura atribuida por Bloomberg a funcionarios estadounidenses apunta a una realidad más compleja.
Washington estaría intentando descifrar cuánto poder efectivo corresponde a Díaz-Canel, cuánto permanece en manos del entorno de los Castro, qué control conservan los militares y qué papel desempeñan el Partido y los organismos de seguridad.
La respuesta determinará buena parte de la estrategia estadounidense hacia Cuba.
Porque para la administración Trump, la pregunta ya no sería únicamente cómo aumentar la presión sobre el régimen, sino una mucho más difícil:
si el sistema comienza a fracturarse, ¿quién tendrá realmente el poder para negociar, garantizar estabilidad y dirigir lo que venga después?
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