Estados Unidos deportó recientemente a Daniel Morejón García, un exfuncionario del Ministerio del Interior (MININT) de Cuba implicado en la represión de las protestas del 11 de julio de 2021. La expulsión, confirmada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a Martí Noticias, fue calificada como “un acto de justicia” por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC), organización que presentó la denuncia que derivó en su captura.
Morejón García fue arrestado el pasado 30 de abril en el sur de Florida por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), en coordinación con el FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Ese mismo día, un juez de inmigración ordenó su deportación, la cual se hizo efectiva el 30 de mayo tras confirmarse que había ocultado su historial como miembro del aparato represivo cubano.
Según detalló un portavoz de ICE, Morejón mintió en su solicitud de entrada a EE.UU., omitiendo su participación en el MININT y su implicación directa en la represión del pueblo cubano durante el estallido social del 11J.
Documentos oficiales del gobierno cubano obtenidos por las autoridades estadounidenses confirmaron su militancia en el Partido Comunista y sus funciones dentro de las Brigadas de Respuesta Rápida, un grupo parapolicial utilizado para sofocar manifestaciones opositoras.
Luis Domínguez, investigador de la FHRC, destacó que la deportación envía un mensaje claro: “Quienes están cumpliendo largas condenas en Cuba por exigir libertad sentirán al menos una pizca de justicia al saber que uno de sus represores ya no se refugia impunemente en EE.UU.”.
De acuerdo con información de ICE, Morejón García llegó a presidir el Consejo de Defensa Nacional en Artemisa y existe evidencia gráfica de su participación directa en actos de violencia contra manifestantes.
Entre otros abusos, se le vincula con la detención y golpiza de Armando Martínez Luis, sentenciado a ocho años de cárcel tras el 11J, así como con la represión de Rolando González Arévalo y Richael Cantún Morales.
Al momento de su arresto, el exfuncionario residía tranquilamente en Miami, en casa de su hija, tras haber ingresado al país sin revelar su pasado. Su caso generó alarma en la comunidad exiliada, que reclama mayor rigor para evitar que responsables de violaciones de derechos humanos encuentren refugio en EE.UU.
“Es inaceptable que quienes persiguieron y golpearon a ciudadanos cubanos busquen asilo donde viven sus víctimas”, denunció un activista.
Tras su retorno a Cuba, la FHRC ha recibido reportes de nuevos actos de intimidación de Morejón hacia personas que colaboraron en la investigación que facilitó su captura. Vecinos de Las Cañas, su localidad natal en Artemisa, aseguran que se le ha visto escoltado por agentes del MININT, lanzando amenazas a quienes testificaron en su contra. “Es evidente que retomó sus lazos con la Seguridad del Estado”, afirmó Domínguez.
El congresista Carlos Giménez incluyó a Morejón García en una lista de más de 100 represores cubanos señalados por organizaciones de derechos humanos. ICE recordó a la ciudadanía que cualquier persona puede denunciar, de forma confidencial, a posibles violadores de derechos humanos que intenten ingresar a Estados Unidos, llamando al 866-DHS-2423 o a través de su formulario online.