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SUSCRIBITECuba autoriza inversiones privadas en refinerías, depósitos y negocios petroleros desde el 19 de octubre, aunque el Estado mantendrá el control de las instalaciones
El Gobierno cubano aprobó una reforma de su legislación petrolera que permitirá una mayor participación de empresas privadas nacionales e inversionistas extranjeros en negocios relacionados con la refinación, almacenamiento, transporte y comercialización de combustibles, en un intento por atraer capital y enfrentar la profunda crisis energética que atraviesa la isla.
La nueva normativa, que entrará en vigor el 19 de octubre de 2026, abre la posibilidad de negociar inversiones privadas en instalaciones estratégicas que durante décadas han permanecido bajo control del Estado, incluidas refinerías y grandes depósitos de hidrocarburos.
La medida está respaldada por el Decreto-Ley 135 de Petróleo y Gas, publicado el 12 de octubre en la Gaceta Oficial de Cuba, junto con su reglamento, el Decreto 184.
Según explicaron directivos de la Unión Cuba-Petróleo (CUPET), la reforma busca modernizar el marco jurídico de la industria, facilitar nuevas modalidades de contratación y atraer recursos financieros y tecnológicos.
Sin embargo, las autoridades aclararon que las refinerías, los yacimientos petroleros y las principales instalaciones de almacenamiento continuarán bajo control estatal.
La apertura tampoco significa que cualquier ciudadano pueda comprar una refinería o comenzar a comercializar combustible sin autorización.
Uno de los cambios más importantes de la legislación es la posibilidad de incorporar capital privado a proyectos relacionados con instalaciones petroleras estratégicas.
Irenaldo Pérez Cardoso, director adjunto de CUPET, explicó que las nuevas oportunidades no estarán limitadas a la búsqueda y extracción de petróleo.
También podrán incluir actividades como:
Refinación de petróleo y procesamiento de hidrocarburos.
Almacenamiento de gasolina, diésel y otros combustibles.
Transporte y distribución de productos petroleros.
Comercialización mayorista y, bajo autorización, minorista.
Inversiones en infraestructura energética.
Entre las instalaciones mencionadas figuran las refinerías y las grandes bases de almacenamiento, incluidas las infraestructuras de supertanqueros de Matanzas.
El funcionario precisó que la propiedad y el control de estos activos estratégicos permanecerán en manos del Estado, aunque podrán negociarse proyectos con participantes privados.
Esto significa que las autoridades podrían autorizar asociaciones, contratos y otras modalidades de participación económica sin transferir necesariamente la propiedad de las instalaciones.
El artículo 53 del Decreto-Ley 135 contempla que las actividades de refinación puedan desarrollarse individualmente o mediante asociaciones con personas naturales y jurídicas, tanto cubanas como extranjeras.
Sin embargo, los interesados deberán cumplir los requisitos legales y obtener las autorizaciones correspondientes.
Por su parte, el Decreto 184 establece que las refinerías podrán comercializar sus productos al por mayor directamente o mediante empresas especializadas.
La venta minorista también está contemplada, pero requiere aprobaciones específicas.
La reforma no equivale a una privatización general de las refinerías cubanas.
El Estado conservará facultades para aprobar proyectos, establecer condiciones contractuales y supervisar las operaciones.
Hasta el momento, CUPET no ha anunciado contratos concretos de inversión privada en alguna de las principales refinerías del país.
La nueva normativa incluye oportunidades de negociación relacionadas con instalaciones de almacenamiento de gran capacidad.
Entre ellas aparecen las bases de supertanqueros de Matanzas, infraestructuras fundamentales para el manejo de combustibles en Cuba.
La participación de inversionistas privados podría adoptar diferentes modalidades, dependiendo del proyecto, los recursos aportados y los términos acordados con las autoridades.
No obstante, CUPET ha insistido en que las principales instalaciones seguirán bajo control estatal.
Por ahora, tampoco se ha informado qué proyectos específicos podrían desarrollarse en Matanzas ni qué compañías estarían interesadas en participar.
La reforma introduce una modalidad destinada a atraer inversionistas internacionales: las concesiones para explorar y explotar petróleo y gas.
Hasta ahora, la participación extranjera en la industria petrolera cubana se había desarrollado principalmente mediante contratos de producción compartida.
La nueva legislación amplía las alternativas contractuales.
Según explicó Pedro Abigantus León, director de Inversiones y Negocios de Petróleo y Gas del Ministerio de Energía y Minas, las concesiones podrían resultar atractivas para compañías interesadas en desarrollar yacimientos.
Los plazos establecidos son:
Concesiones petroleras: hasta 30 años, prorrogables por otros diez.
Contratos de producción compartida: hasta 40 años, con posibilidad de extenderse diez años adicionales.
Estas modalidades corresponden a actividades de exploración y explotación.
Los negocios de refinación, almacenamiento y transporte se regirán por sus propias autorizaciones.
La apertura también contempla una mayor participación del sector privado nacional.
Entre los actores que podrían beneficiarse figuran las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), otros negocios privados autorizados y trabajadores por cuenta propia que cumplan los requisitos establecidos.
Uno de los cambios señalados por CUPET es la posibilidad de que varias empresas privadas se asocien para reunir capital y participar en proyectos de mayor tamaño.
Esto podría facilitar inversiones que resultarían demasiado costosas para una sola empresa.
Sin embargo, el propio Pérez Cardoso reconoció que determinadas modalidades todavía necesitan regulaciones complementarias.
Por tanto, algunas de estas posibilidades no estarán plenamente disponibles de forma inmediata.
La participación privada en el mercado de combustibles no comienza con esta reforma.
CUPET reconoció que actualmente existen actores económicos no estatales que importan, transportan y almacenan productos petroleros.
En determinadas operaciones también se utilizan camiones de transportistas privados para distribuir hidrocarburos.
Estos servicios complementan los mecanismos tradicionales de CUPET, que incluyen transporte por carretera, ferrocarril y vía marítima.
La nueva legislación pretende ampliar y regular con mayor precisión estas actividades.
Las autoridades deberán establecer requisitos técnicos y de certificación para garantizar la seguridad en la manipulación y almacenamiento de productos inflamables.
Aunque el nuevo marco legal permite una mayor participación privada, el Gobierno cubano no renuncia al control sobre los recursos naturales.
El Decreto-Ley establece que los yacimientos de petróleo y gas continúan siendo propiedad socialista de todo el pueblo, conforme al sistema constitucional cubano.
Las empresas interesadas en explorar o explotar esos recursos deberán obtener autorizaciones específicas.
El Estado también conservará la facultad de rechazar determinados proyectos por razones de seguridad nacional.
Por tanto, la reforma amplía las posibilidades de inversión y contratación, pero no elimina el control estatal sobre la industria petrolera.
La reforma llega cuando Cuba atraviesa una grave crisis energética.
La escasez de combustible, el deterioro de las centrales termoeléctricas y las dificultades para obtener financiamiento han limitado la capacidad del país para garantizar el suministro eléctrico y sostener actividades económicas esenciales.
Durante 2026, los apagones prolongados y las interrupciones del Sistema Electroenergético Nacional han afectado a numerosas comunidades.
La falta de diésel y gasolina también ha complicado el transporte, la producción y la distribución de mercancías.
En ese contexto, el Gobierno busca incorporar recursos privados para modernizar instalaciones y ampliar la capacidad operativa de la industria petrolera.
Sin embargo, la aprobación de una ley no garantiza que aparezcan inmediatamente nuevos inversionistas ni que aumente el suministro de combustible.
Otro obstáculo importante es el marco de sanciones estadounidenses sobre determinadas entidades y operaciones relacionadas con Cuba.
Durante 2026, la administración del presidente Donald Trump ha ampliado las restricciones contra empresas vinculadas al sector energético cubano.
Pérez Cardoso reconoció que la situación geopolítica y las medidas estadounidenses pueden dificultar la participación de compañías extranjeras.
Los inversionistas interesados deberán evaluar tanto las exigencias de la legislación cubana como las restricciones internacionales aplicables a sus operaciones.
La posibilidad legal de invertir no elimina automáticamente los riesgos financieros, comerciales o regulatorios.
La nueva legislación entrará en vigor el 19 de octubre de 2026, pero su aplicación será gradual.
CUPET ha señalado que algunas modalidades podrán desarrollarse inicialmente mediante proyectos piloto.
Otras requerirán nuevas disposiciones administrativas y mecanismos específicos de autorización.
Hasta el momento, no se han anunciado inversiones concretas que permitan estimar cuánto combustible adicional podría producirse, almacenarse o distribuirse como resultado de la reforma.
La velocidad de implementación dependerá de la disponibilidad de capital, la aprobación de proyectos y la capacidad técnica de los participantes.
La aprobación del Decreto-Ley 135 y su reglamento representa un cambio importante en las posibilidades de participación privada dentro del sector energético cubano.
Por primera vez bajo este nuevo marco, las autoridades establecen mecanismos más amplios para negociar inversiones relacionadas con refinerías, almacenamiento, transporte y comercialización de hidrocarburos.
Pero el cambio tiene límites claros.
Las instalaciones estratégicas y los recursos petroleros continuarán bajo control del Estado, mientras los inversionistas privados deberán operar mediante contratos, concesiones y autorizaciones específicas.
La reforma abre nuevas oportunidades comerciales, aunque todavía no existen garantías de que estas medidas consigan aliviar a corto plazo la escasez de combustible y los apagones que afectan a la población cubana.
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