La influencer de 21 años defendió su derecho a expresarse antes de ser juzgada junto a su madre por divulgar un video de un agente del MININT
La influencer cubana Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, lanzó este jueves un contundente mensaje minutos antes de entrar al tribunal donde es juzgada junto a su madre, Caridad Silvente, por un caso originado tras la grabación y publicación en redes sociales de la visita de un agente del Ministerio del Interior (MININT) a su vivienda.
“No es justo, no es justo. Ninguno de nosotros somos unos criminales”, afirmó la joven de 21 años frente al Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este, en Cojímar.
Las declaraciones fueron captadas por el activista Alfredito Fominaya y rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.
Bensi defendió además su derecho a expresar públicamente su desacuerdo con el sistema político cubano.
“No estamos de acuerdo con el sistema político de nuestro país, no estamos de acuerdo con cómo se manejan los asuntos internos de nuestro país, están mal, y eso no es delito”, sostuvo.
Cuando le preguntaron qué cambio quería para Cuba, respondió:
“Que Cuba sea libre. Queremos un cambio”.
Bensi utilizó una frase para resumir su defensa pública antes de entrar al tribunal.
Según la joven, lo que ella y su madre han hecho es expresar mediante un teléfono sus opiniones sobre la realidad cubana.
“Solamente estamos expresando a través de una pantalla, que no es un arma, es un teléfono, lo que pensamos”, declaró.
Sus palabras mantienen la misma posición que había expresado durante los días anteriores al juicio.
Bensi aseguró públicamente que no dejaría de publicar sus opiniones independientemente del resultado del proceso y sostuvo que volvería a grabar el video que desencadenó la causa.
El caso comenzó en marzo de 2026.
Según los antecedentes publicados, un agente del MININT acudió al domicilio familiar en Alamar para entregar una citación relacionada con la Seguridad del Estado.
Madre e hija grabaron el encuentro y posteriormente difundieron las imágenes en redes sociales.
El agente consideró afectada su intimidad y el proceso terminó avanzando mediante una querella particular.
Las autoridades procesaron a ambas por el presunto delito de “actos contra la intimidad personal y familiar”.
Desde el 25 de marzo, madre e hija permanecen bajo reclusión domiciliaria y tienen prohibido abandonar Cuba.
El expediente tuvo varios giros durante los últimos meses.
La defensa argumentó inicialmente que la figura penal utilizada requería una querella directa de la persona que se considerara perjudicada.
El proceso fue archivado, pero posteriormente volvió a activarse después de que el agente presentara personalmente la querella correspondiente, según los antecedentes publicados sobre el caso.
La defensa también ha cuestionado que los hechos constituyan realmente un delito.
Organizaciones independientes como Cubalex han sostenido que documentar la actuación de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones constituye un derecho ciudadano, posición que las autoridades cubanas no comparten en este caso.
En los días anteriores a la audiencia, la joven había dejado claro que el proceso judicial no cambiaría sus publicaciones.
“No voy a callarme”, afirmó.
También sostuvo que, si pudiera regresar al momento que desencadenó el proceso, volvería a grabar y publicar las imágenes.
Su declaración de este jueves mantiene esa misma línea.
Frente al tribunal, Bensi insistió en que expresar desacuerdo con el sistema político cubano no debería constituir un delito.
La frase políticamente más directa llegó cuando le preguntaron cuál consideraba que debía ser la solución.
Bensi respondió:
“Que Cuba sea libre”.
Después añadió:
“Queremos un cambio”.
Las palabras adquirieron rápidamente repercusión en redes por haber sido pronunciadas públicamente frente al tribunal y minutos antes del proceso judicial.
El juicio está presidido por Zamira Marrero Morgado, presidenta del Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este.
Activistas y medios independientes han señalado que Marrero integró el tribunal que participó en uno de los procesos relacionados con las protestas del 11 de julio de 2021, específicamente casos de manifestantes de La Güinera.
En aquel proceso contra 129 personas, la Fiscalía solicitó condenas que llegaron hasta los 30 años de prisión por sedición.
La vinculación de Marrero con esos procesos ha generado cuestionamientos de activistas que siguen el caso de Bensi.
Esto no constituye por sí mismo evidencia de cómo resolverá el proceso actual.
El caso ha provocado pronunciamientos de organizaciones independientes y religiosas.
Justicia 11J considera que el proceso genera preocupación por el posible uso del derecho penal para limitar “la expresión crítica y la documentación ciudadana de actuaciones oficiales”.
La Convención Bautista de Cuba Occidental, organización religiosa a la que pertenecen madre e hija, también expresó públicamente su respaldo.
La entidad reclamó respeto al debido proceso, la libertad de expresión, la libertad religiosa y la dignidad de ambas mujeres.
Activistas denunciaron además restricciones y vigilancia alrededor del tribunal durante la jornada.
Según esos reportes, algunas personas que pretendían acudir a la audiencia enfrentaron controles policiales o vigilancia.
Las denuncias proceden de activistas y medios independientes y no han sido confirmadas mediante un comunicado oficial de las autoridades.
La atención alrededor del tribunal refleja, sin embargo, la repercusión que ha adquirido el caso tanto dentro como fuera de Cuba.
La posición difundida desde espacios vinculados con las autoridades es diferente.
Una cuenta oficialista relacionada con la Policía ha defendido que el proceso no está relacionado simplemente con el acto de grabar, sino con la posterior difusión no consentida de la imagen del agente.
El argumento es que las redes sociales tampoco están exentas del cumplimiento de la legislación cubana.
Esa interpretación jurídica es precisamente uno de los puntos centrales que enfrenta a la acusación con la defensa y las organizaciones que respaldan a madre e hija.
Artistas, influencers, activistas y organizaciones religiosas han convertido el proceso en un asunto de creciente repercusión pública.
La cantante cubana La Diosa pidió a sus seguidores hablar del caso en redes sociales, mientras diferentes figuras han expresado solidaridad con Bensi y su madre.
La Convención Bautista de Cuba Occidental declaró que no pretende dejarlas solas durante el proceso.
El juicio de este jueves determinará la responsabilidad penal de Anna Bensi y Caridad Silvente por los hechos que comenzaron con aquel video grabado en marzo.
Hasta que exista una decisión judicial, ambas son acusadas dentro de un proceso todavía en curso.
Pero antes incluso de entrar en la sala, Anna Bensi quiso dejar públicamente establecida su posición.
Primero defendió el teléfono con el que expresó sus opiniones:
“No es un arma”.
Después rechazó la acusación:
“Ninguno de nosotros somos unos criminales”.
Y finalmente resumió su posición política:
“Que Cuba sea libre. Queremos un cambio”.
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