La alcaldía de Buenos Aires anunció el viernes que no autorizará la realización de “eventos, diversiones o actos en el espacio público” de la capital argentina entre el 6 y el 13 de noviembre por la organización de la visita papal, una decisión que afecta la 35ª Marcha del Orgullo prevista para el 7 de noviembre.
El colectivo LGBT+ rechazó la resolución y ratificó la movilización para el día previsto, lo cual abre un frente de conflicto justo en la antesala de la primera visita de un papa al país sudamericano después de casi cuatro décadas.
“Comprendemos la relevancia institucional de la visita de un jefe de Estado y máximo representante de la Iglesia Católica… Lo que no comprendemos es que esa circunstancia sea presentada como una razón suficiente para plantear la suspensión de uno de los acontecimientos públicos más importantes, históricos y multitudinarios de la ciudad, aún más teniendo en cuenta que el papa llega a nuestro país recién al día siguiente”, expresaron en un comunicado los organizadores de la Marcha del Orgullo.
León XIV iniciará el 8 de noviembre una visita de cuatro días en Argentina, como parte de su primera gira por Latinoamérica que también incluirá Uruguay y Perú. El último líder de la Iglesia católica que pisó suelo argentino fue Juan Pablo II en abril de 1987.
Los argumentos de Buenos Aires En una resolución publicada el viernes, la alcaldía de Buenos Aires sostuvo que la visita papal “constituye un acontecimiento de trascendencia institucional, religiosa y social de carácter excepcional y de una magnitud extraordinaria” y que por tal motivo demanda “la adopción de medidas preventivas orientadas a garantizar la seguridad del visitante ilustre, de los asistentes y de la población en general”.
Entre ellas mencionó “un esquema especial de ordenamiento del tránsito, que comprenderá cortes, restricciones temporarias, desvíos” y una afectación “extraordinaria” de recursos humanos y materiales de las fuerzas de Seguridad y de otras áreas.
“La realización de otros eventos en el espacio público durante el mismo periodo resultaría incompatible con las condiciones de seguridad, orden y movilidad que el gobierno de la ciudad debe garantizar a la población, y podría comprometer el normal y seguro desenvolvimiento de la visita del Sumo Pontífice”, argumentó la alcaldía.
Una marcha con historia En las últimas décadas, Argentina se ha puesto a la vanguardia en la región con la ampliación de derechos a favor de la comunidad LGTB. Fue el primer país de Latinoamérica en habilitar el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2010 y dos años después sancionó una inédita ley de identidad de género que consagró el derecho de toda persona a solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen en el documento cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida.
Estas conquistas se lograron en gran medida por el impulso de una activa comunidad LGTB que desde hace más de 30 años realiza la Marcha del Orgullo en Buenos Aires.
“La suspensión de la marcha del 7 de noviembre no puede ser presentada como una decisión operativa menor”, advirtieron los organizadores en respuesta a la decisión de las autoridades capitalinas. “Cambiar su fecha no significa mover una actividad en una agenda: significa alterar una organización federal ya desplegada, compromisos asumidos desde hace meses y decisiones concretas tomadas por miles de personas para poder participar”.
Los convocantes aclararon que no recibieron un pedido formal de las autoridades del gobierno nacional de Javier Milei ni del Vaticano para cambiar la fecha y que se trata de una decisión del alcalde de centro-derecha Jorge Macri que se inscribe en el marco de un retroceso en las políticas a favor de las minorías sexuales.
“El planteo del Gobierno de la Ciudad parece una excusa más para postergar a la diversidad”, denunciaron.
Tras ratificar la Marcha del Orgullo para el 7 de noviembre, reclamaron a la alcaldía “acompañarla, garantizarla y cuidarla”.
“Acompañar la diversidad no consiste solamente en reivindicarla discursivamente o cuando no genera dificultades. Gobernar una ciudad diversa significa garantizar efectivamente esa diversidad”, concluyeron.
FUENTE: AP