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SUSCRIBITESAO PAULO (AP) — Los bancos de Brasil deberán verificar los datos satelitales de deforestación oficiales a partir del miércoles antes de aprobar créditos rurales en el país sudamericano.
Según la nueva norma, las instituciones financieras deben verificar si una propiedad figura en un registro gubernamental de áreas con potencial deforestación ilegal posterior al 31 de julio de 2019. La base de datos, a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, se basa en datos satelitales del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE, por sus siglas en portugués).
Si una propiedad está catalogada como zona protegida, los agricultores pueden impugnar la designación demostrando que la deforestación fue legal. Pueden presentar documentos de autorización, planes de recuperación para áreas alteradas o degradadas, o un informe técnico de teledetección.
Cuando se aprobó la resolución en diciembre, el Ministerio de Hacienda indicó que el objetivo de los nuevos requisitos era alinear el crédito rural con las políticas de conservación y sostenibilidad.
Brasil es una potencia agroindustrial mundial. El país es el mayor exportador de carne de res del mundo y el mayor productor de soya. Sin embargo, la agricultura es el principal motor de la deforestación en todos los biomas de Brasil, incluida la selva amazónica. La Amazonía desempeña un papel crucial en la regulación del clima global, y los científicos advierten que la pérdida continua de bosques podría acelerar el calentamiento global.
La nueva norma representa un paso significativo para integrar la política agrícola, el sistema financiero y la sostenibilidad, manifestó Paulo Camuri, gerente de inteligencia climática y territorial de Imaflora, una organización sin fines de lucro que monitorea la deforestación.
Vincular el acceso al crédito con requisitos ambientales, añadió Camuri, fomenta una producción más sostenible y refuerza la responsabilidad ambiental de la agricultura industrial.
“Es un mecanismo inteligente de incentivos que utiliza el crédito —el principal motor del desarrollo de la agricultura industrial— como palanca para fomentar las buenas prácticas”, apuntó Camuri.
La Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA, por sus siglas en portugués), el principal grupo cabildero del sector agropecuario del país, señaló que la medida añade un nuevo paso de verificación previo a la concesión de créditos rurales, pero no distingue automáticamente entre deforestación legal e ilegal.
“Este escenario puede generar incertidumbre en el proceso de análisis crediticio y aumentar el riesgo de restringir el acceso al financiamiento para productores que cumplen la legislación ambiental”, sostuvo el grupo. Ahora la CNA respalda una iniciativa legislativa en el Congreso para bloquear las medidas.
La Federación Brasileña de Bancos dijo que las instituciones financieras del país realizaron las adaptaciones necesarias.
“La evaluación general es que la medida fortalece la gobernanza y garantiza la asignación adecuada del crédito rural con base en información técnica y de acceso público”, expresó el organismo bancario. En caso de que haya un aviso de alerta, agregaron, los préstamos pueden recibir luz verde una vez que los agricultores acrediten el cumplimiento.
“El flujo de otorgamiento de crédito continuará, con los ajustes necesarios para garantizar el cumplimiento socioambiental y la seguridad jurídica”, agregó.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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