Una oficina de libertad condicional en Idaho hizo una lista de "nacidos en el extranjero" para ICE

Jeff Breach, director del Departamento de Libertad Condicional por Delitos Menores del condado, declinó ser entrevistado para esta historia. En una respuesta por correo electrónico a una lista de preguntas, indicó que la lista incluye a “individuos cuyo lugar de nacimiento es un país extranjero — y también puede incluir a individuos que previamente fueron marcados con una retención migratoria”.

“Verificar y determinar la presencia/estatus legal, junto con cualquier acción de seguridad relacionada, está dentro del ámbito de las autoridades federales”, añadió Breach.

Breach señaló que el ICE ha solicitado una lista de personas que podrían estar en el país sin autorización “por lo general de manera anual y a través de distintas administraciones”. Steve Cushman, director de servicios a los constituyentes del condado Canyon, comentó que no sabía exactamente cuándo “se solicitaron y proporcionaron por primera vez esas listas, pero entiendo que se remonta al menos al gobierno de Obama”.

Breach sostuvo que el departamento de libertad condicional, que supervisa a infractores por delitos menores dentro del condado, coopera con el ICE igual que lo haría con cualquier agencia policial local o estatal, proporcionándoles “información para que lleven a cabo sus funciones legales”.

El condado ya había enfrentado críticas por sus esfuerzos para ayudar al ICE a detener a personas. En 2019, el Idaho Press, un periódico local que cubre el área de Boise, informó que la policía del condado Canyon tenía una política en la que se instaba al personal a notificar a funcionarios de inmigración sobre “todos los reclusos nacidos en el extranjero” que ingresaran a la cárcel. Algunas de las personas que señalaron eran ciudadanos de Estados Unidos, según el Idaho Press. La policía del condado también enfrenta una demanda de la ACLU de Idaho que alega que el condado y otras agencias que participaron en una redada del ICE en octubre de 2025 discriminaron racialmente a latinos en un hipódromo para fines de control migratorio cuando los detuvieron, independientemente de su estatus migratorio.

Nikki Ramirez-Smith, abogada de inmigración de Ramirez-Smith Law en Nampa, Idaho, afirmó que la decisión del condado de compilar y enviar al ICE una lista de personas nacidas en el extranjero que están en libertad condicional es “una invasión de la privacidad”.

“Una cosa es saber que alguien es indocumentado; otra muy distinta es empezar a apuntar contra cada persona que nació en otro país”, expresó.

Naranjo envió un correo electrónico el 3 de junio a cinco agentes del ICE para decirles que hablaría con Breach sobre “la lista de nacidos en el extranjero”.

“Estamos trabajando en un procedimiento para mantener una lista actualizada para su agencia”, escribió Naranjo. “Les responderé sobre esto tan pronto como resolvamos algo”.

Dos días después, Breach envió un correo electrónico a su personal:

“El ICE ha solicitado una lista de infractores que están en el país ilegalmente”, escribió. “Necesito que revisen su carga de casos este mes y me envíen una lista de nombres de infractores que ustedes crean que están en el país ilegalmente. Revisaré los nombres y elaboraré una lista que pueda enviarse al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para que ellos investiguen si la persona está en el país ilegalmente y si quieren tomar alguna medida”.

Aunque la mayor parte de las más de 400 páginas de correos electrónicos obtenidos por InvestigateWest del 1 de mayo al 10 de julio están fuertemente censuradas —los correos de las autoridades migratorias parecen estar censurados por completo—, muestran cómo los agentes de libertad condicional usaron información de sus expedientes para compilar la lista.

“Esos son todos los de mi archivador que rellenaron un formulario de ingreso y declararon no haber nacido en Estados Unidos”, escribió Brandon Black, agente de libertad condicional del condado Canyon, en un correo electrónico de respuesta a Breach el 8 de junio.

Otro agente, Justin Donovan, le indicó a Breach que sólo identificó a una persona bajo su supervisión que “podría estar aquí ilegalmente”. Ese hombre “sólo tenía una identificación de México durante su último arresto”, explicó Donovan.

Naranjo, Black y Donovan no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

El condado Canyon entregó a InvestigateWest una versión censurada de la lista, que contiene información de 82 personas en libertad condicional en el condado de Canyon. Identifica los cargos por los que las personas fueron puestas en libertad condicional, pero oculta nombres, direcciones y fechas de nacimiento. Más de la mitad, o el 54%, de las personas en la lista estaban en libertad condicional por conducir bajo los efectos del alcohol. Cinco personas estaban en libertad condicional por delitos relacionados con drogas y nueve por alterar el orden público. Sólo siete personas fueron identificadas como sujetas a una retención del ICE, lo que significa que esa agencia ya las había identificado para una posible deportación.

Los correos electrónicos muestran que, entre mayo y julio, los agentes de libertad condicional notificaban regularmente al ICE sobre las fechas y horas en que ciertas personas supervisadas estarían en su oficina. En algunos casos, los agentes preguntaron al ICE si una persona que había faltado a controles estaba bajo su custodia. En dos ocasiones, agentes enviaron correos a los agentes federales justo antes y durante las citas para confirmar que acudirían a aprehender a una persona en libertad condicional. Un agente de libertad condicional también proporcionó al ICE la dirección del domicilio y la marca, modelo y matrícula del automóvil de una persona en libertad condicional.

Breach estimó que, en los últimos tres meses, agentes del ICE han “estado presentes” en una o dos citas de libertad condicional por mes.

“Todas las agencias policiales con las que trabajamos prefieren reunirse con los infractores en la oficina porque es un entorno controlado, lo que significa que es más seguro para el infractor, el agente y el público”, escribió. “Existe una expectativa por parte de las agencias policiales y del público de que los agentes de libertad condicional trabajen de manera cooperativa con las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de todas las partes involucradas”.

Consultado sobre si al departamento le preocupa que ciudadanos u otras personas con estatus legal puedan estar incluidas en la lista, Breach remitió a una declaración previa de que verificar el estatus de una persona “está dentro del ámbito de las autoridades federales”.

Alycia Moss, abogada de inmigración de Fennemore Law en Coeur d’Alene, dijo que los agentes del ICE deberían saber si alguien en la lista es deportable o no, pero aun así le preocupa que puedan apuntar erróneamente contra alguien en la lista del departamento de libertad condicional.

“El ICE aún puede apuntar a alguien si cree que la condena es un delito deportable o causal de expulsión, incluso si esa persona tiene estatus (legal)”, explicó. “A veces, el ICE no acierta con eso”.

Agentes migratorios arrestaron en Oregon a Juanita Avila, una residente permanente legal de 47 años, el noviembre pasado. Agentes de esa misma agencia también arrestaron y detuvieron el julio pasado a Mahdi Khanbabazadeh, un padre de 38 años casado con una ciudadana de Estados Unidos y con una solicitud de tarjeta de residencia permanente pendiente, cuando dejaba a su hijo en una escuela preescolar en el área de Portland.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos formó recientemente una nueva unidad dedicada a reexaminar a inmigrantes que tienen tarjetas de residencia permanente, según el New York Times.

Ramirez-Smith, cuyo bufete está en Nampa, la ciudad más grande del condado Canyon, no se sorprendió por lo estrechamente que el departamento de libertad condicional del condado de Canyon estaba trabajando con el ICE. En años anteriores, dijo Ramirez-Smith, a menudo podía negociar y sacar a su cliente de la detención. Pero ahora el ICE traslada rápidamente a los detenidos fuera del estado, dejándole poco tiempo para lograr que sus clientes salgan de la detención.

“Me están deteniendo a mucha gente desde libertad condicional, al punto de que ahora, si tienen libertad condicional, simplemente preparo un habeas (petición) para estar lista”, dijo Ramirez-Smith, en referencia al proceso para impugnar la legalidad de la detención de una persona.

El condado Canyon es el segundo condado más grande de Idaho por población, donde los latinos representan alrededor del 27%. El condado es un centro agrícola y una de las cinco principales regiones productoras de semillas del mundo. Las granjas allí dependen en gran medida de una fuerza laboral inmigrante.

El condado también fue el lugar de una llamativa redada migratoria en Wilder el octubre pasado, en la que más de 100 personas fueron detenidas en un hipódromo, un punto de reunión popular para familias latinas de la zona. Según testigos de la redada, agentes de la policía local y del condado ayudaron a los efectivos del ICE atando con bridas plásticas a niños y deteniendo a personas sin preguntar por su estatus migratorio.

La redada conmocionó a la comunidad y provocó una baja asistencia en el Distrito Escolar de Wilder al día siguiente, según reportes del Idaho Statesman. La ACLU de Idaho también presentó una demanda en nombre de tres familias latinas y sus hijos, que son ciudadanos de Estados Unidos y residentes permanentes legales, quienes fueron detenidos durante cuatro horas, alegando que las fuerzas del orden federales y locales los discriminaron racialmente durante el operativo.

Más allá de la redada, durante años las fuerzas del orden del condado Canyon han ayudado al ICE al aceptar retener a personas en la cárcel hasta 48 horas después de su fecha de liberación. En 2019, el Idaho Press informó que el personal de la cárcel del condado de Canyon enviaba correos electrónicos a agentes migratorios a quien sospechaban que no tenía permiso de residencia, en varias ocasiones señalando a personas que eran ciudadanos de Estados Unidos y reteniéndolas después de que habían pagado la fianza. Si los reclusos pasaban tiempo en la cárcel y pagaban la fianza, se indicaba al personal que contactara con funcionarios de inmigración, informó el periódico.

Ese año, el condado Canyon enfrentó tres demandas de personas que alegaron que fueron retenidas ilegalmente en la cárcel, pese a haber pagado la fianza, porque el condado se negó a liberarlas debido a su estatus migratorio. El condado llegó a un acuerdo con al menos un hombre por 13.000 dólares.

En un correo electrónico, Breach dijo que el departamento de libertad condicional no tiene una política escrita sobre cómo interactuar con el ICE, sino que sigue una “práctica arraigada” de cooperar con agencias federales de seguridad. Señaló que el departamento ha trabajado con autoridades migratorias desde al menos 2008.

El ICE ha dependido de departamentos de libertad condicional de condados y estados en todo el país para coordinar arrestos de personas sin permiso de residencia, según el Immigrant Legal Resource Center. Muchos estados han aprobado leyes que prohíben este tipo de cooperación entre departamentos de libertad condicional y el ICE, incluidos Colorado y Nuevo México, después de que se descubriera que departamentos de libertad condicional estaban alertando a agentes federales sobre las horas de cita de personas bajo su supervisión.

El gobernador de Idaho, Brad Little, alentó a las fuerzas del orden estatales y locales a cooperar con agentes federales de inmigración en una orden ejecutiva el año pasado. Once agencias policiales de Idaho se han inscrito para participar en un programa para ayudar con redadas migratorias, conocido como el programa 287(g), y algunas agencias reciben decenas de miles de dólares en pagos de incentivo por su cooperación.

En los estados vecinos de Washington y Oregon, abogados de inmigración dicen que el nivel de coordinación que ocurre en el condado de Canyon nunca sería aceptado, debido a las leyes santuario de esos estados que prohíben que las fuerzas del orden locales y estatales trabajen con agentes federales de inmigración para detener y deportar a personas.

“En Washington, esto nunca se permitiría porque el estado tiene protecciones para evitar este tipo de intercambio de información”, escribió en un correo electrónico Aaron Korthuis, abogado del Northwest Immigrant Rights Project. “En Idaho, está permitido (y probablemente incluso se fomenta). Creo que simplemente es otra táctica que el ICE ha desarrollado para identificar entornos fáciles y de bajo riesgo para que la agencia detenga a personas”.

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Esta historia fue publicada originalmente por InvestigateWest y distribuida mediante una alianza con The Associated Press.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP