La sanción se acordó en un pacto de 2020 para resolver investigaciones civiles y penales federales que enfrentaba. Si el juez lo aprueba, no se cobrarán otras sanciones a cambio de que Purdue resuelva las demás demandas.
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Qué saber sobre acuerdo en que empresa farmacéutica tendría que pagar por crisis de opioides en EEUU
Un juez está considerando condenar a Purdue Pharma a entregar 225 millones de dólares al Departamento de Justicia, lo que despejaría el camino para que la empresa fabricante de OxyContin finalice un acuerdo para resolver miles de demandas que enfrenta por su papel en la crisis de los opioides.
Tras años de giros y vueltas legales, el acuerdo fue aprobado por otro juez el año pasado y podría entrar en vigor el 1 de mayo. Exige que miembros de la familia Sackler, propietaria de la empresa, paguen hasta 7.000 millones de dólares a gobiernos estatales, locales y tribales, a algunas víctimas individuales y a otros.
A continuación, un vistazo a la situación.
Purdue se declaró culpable de tres cargos penales federales en noviembre de 2020.
La empresa, con sede en Stamford, Connecticut, admitió que no contaba con un programa eficaz para evitar que sus potentes analgésicos fueran desviados al mercado negro, pese a que le dijo a la Administración para el Control de Drogas que sí lo tenía.
También reconoció que pagó a médicos mediante un programa de conferencistas para que recetaran los fármacos y que pagó a una empresa de documentos médicos para enviar a doctores información sobre pacientes a fin de incentivar más recetas de opioides.
Aunque Purdue produjo solo una fracción de los opioides que inundaron el mercado en la década de 2000, defensores consideran que las ventas agresivas de OxyContin contribuyeron enormemente a la crisis. En un evento de 1996 para animar al personal de ventas de Purdue, Richard Sackler —entonces un alto ejecutivo de Purdue y más tarde presidente de la empresa— pidió una “tormenta de recetas”.
Aunque se espera que Purdue pague 225 millones de dólares, el gobierno acordó en el acuerdo de culpabilidad no cobrar 5.300 millones en decomisos y multas penales y 2.800 millones en responsabilidades civiles. En su lugar, partes de ese dinero se consideran parte del acuerdo más amplio, y el gobierno federal recibirá una pequeña porción de ello.
El acuerdo más amplio estipula el pago de hasta 7.000 millones de dólares durante 15 años por parte de la familia Sackler. La mayor parte del dinero debe ir a entidades gubernamentales para su uso en la lucha contra la crisis de los opioides.
Está entre los mayores de una serie de acuerdos alcanzados en los últimos años por fabricantes de medicamentos, mayoristas y farmacias, y es el único importante que incluye pagos para algunas víctimas individuales o sus sobrevivientes.
En conjunto, los acuerdos superan los 50.000 millones de dólares, y la mayor parte del dinero debe usarse para abordar la epidemia de sobredosis.
Según el acuerdo de Purdue, los miembros de la familia Sackler quedarían protegidos de demandas relacionadas con opioides por parte de quienes acepten los pagos.
Purdue dejaría de existir y sería reemplazada por una nueva empresa, Knoa Pharma, que operaría en beneficio público y tendría una junta directiva designada por los estados.
La reorganización es considerada una de las más complicadas de la historia. Para finales del año pasado, Purdue había pagado a bufetes de abogados y a otros profesionales que trabajaban en todas las facetas del caso más de 1.000 millones de dólares, según un documento judicial.
Los miembros de la familia Sackler suelen ser retratados como villanos en la crisis de los opioides, al buscar aumentar ganancias incluso cuando quedó claro que la gente se estaba volviendo adicta al OxyContin y sufría sobredosis.
Pero no se presentaron cargos contra ningún miembro de la familia.
Los familiares recibieron 10.700 millones de dólares en pagos de Purdue entre 2008 y 2018, y casi la mitad se utilizó para pagar impuestos en nombre de Purdue. La empresa no les ha pagado desde 2018, y el último de ellos dejó la junta directiva de Purdue en 2019.
Según el acuerdo, no se opondrían a que sus nombres sean retirados de museos y otras instituciones a las que han apoyado, algo que ya ha estado ocurriendo.
Más de 54.000 personas con reclamaciones contra Purdue votaron a favor de aceptar el acuerdo, y 218 votaron en contra.
Aun así, algunas víctimas y sus familiares han resistido durante años, al sostener que el acuerdo y la declaración de culpabilidad no logran hacer justicia para las víctimas de una crisis que se ha vinculado con 900.000 muertes en Estados Unidos desde 1999.
La sentencia del martes es una oportunidad más para que expongan ese argumento ante un juez.
El hijo de Susan Ousterman, Tyler Cordiero, murió a los 24 años en 2020 tras una sobredosis de una mezcla que incluía fentanilo, después de años de consumir heroína y otros opioides. Ella animó a otras personas que perdieron a seres queridos para que hablen ante el tribunal sobre el impacto de la crisis.
Manifestó que el objetivo era persuadir al juez para que rechace el acuerdo de culpabilidad y para que el Departamento de Justicia presente cargos penales contra individuos, incluidos miembros de la familia Sackler.
“No debería ir a los estados y municipios”, declaró Ousterman, señalando que algunos gobiernos aún no han usado los fondos que recibieron y que otros los han utilizado de maneras no estrechamente vinculadas a combatir la crisis de las drogas. “No están usando ese dinero de manera efectiva”.
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La corresponsal Alanna Durkin Richer contribuyó con esta nota.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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