Propietarios de tierras en Texas temen que el gobierno federal las modifique o se las expropie

Además ha eximido del cumplimiento de las leyes ambientales en el estado y en el parque nacional para acelerar el proceso. Y los contratistas han solicitado permisos para acceder a suficiente agua para albergar en la zona a cientos de trabajadores, quienes se encargarán de construir algún tipo de infraestructura de seguridad fronteriza.

Pero lo que está claro es que el gobierno federal ha amenazado con expropiar tierras a lo largo de vastas extensiones del río Bravo, lejos de los parques. Y eso causa alarma a lo largo del cuerpo de agua.

“No quiero un muro; quiero ver esta vista”, dijo Carrasco mientras señalaba a las montañas en el lado mexicano del río.

El Big Bend —llamado así por la pronunciada curva que hace el río Bravo en esa región— es el sector más extenso de la Patrulla Fronteriza: abarca 77 condados de Texas y 830 kilómetros (517 millas) de los 3.144 kilómetros (1.954 millas) de la frontera entre Estados Unidos y México.

Es también el menos transitado.

Según la CBP, la agencia registró 3.096 encuentros con migrantes en el sector durante el año fiscal 2025, lo que representa el 1,3% de las 237.538 detenciones registradas en toda la frontera entre ambos países. Esa es una disminución del 74% en comparación con los dos años fiscales anteriores.

Y en los primeros siete meses del actual año fiscal, el sector registró 1.236 encuentros, una caída del 42,5% en comparación con los primeros siete meses del año anterior.

No obstante, el gobierno de Trump ha descrito la región como “una zona de elevada entrada ilegal, donde inmigrantes sin permiso intentan ingresar a Estados Unidos con regularidad y traficar drogas ilícitas”. El miércoles, una comisión de la Cámara de Representantes federal rechazó la propuesta del representante demócrata Henry Cuellar para impedir que el gobierno federal construya barreras fronterizas en el Parque Nacional Big Bend.

La región está rodeada de escarpados cañones y, en su mayoría, sus habitantes viven aislados entre la flora y fauna del desierto, incluidas especies en peligro de extinción. Algunos residentes rastrean la historia de su familia hasta la fundación de Redford, en la década de 1870. Otros se mudaron a la zona más recientemente, atraídos por su tranquilidad y las impresionantes vistas de las montañas. Algunos han iniciado negocios dirigidos a turistas, tales como el alquiler de equipos para piragüismo, o trabajan como guías en el río. Tanto los residentes de generaciones atrás como los recién llegados temen perder su estilo de vida si el gobierno federal expropia sus tierras para construir un muro fronterizo.

La amenaza de perder sus propiedades ha impulsado a algunos terratenientes, quienes dicen estar consternados de que el gobierno expropie tierras por la fuerza en un estado que se enorgullece de defender los derechos de propiedad privada.

Algunos dijeron sentirse impotentes y carecer de los recursos jurídicos y financieros para luchar contra el gobierno federal.

“No quiero un muro, pero si lo van a construir, ¿cómo se supone que lo combata?”, expresó Adan Madrid, de 65 años, descendiente de una de las familias fundadoras. En marzo, recibió una carta de la CBP en la que le ofrecen 2.500 dólares a cambio del derecho de paso en su granja, ubicada cerca de la ribera del río, o de lo contrario se arriesgaría a perder toda su propiedad, incluida su casa, por expropiación forzosa.

Otros residentes intentan unir a los terratenientes para luchar contra la iniciativa del gobierno de Trump, y dicen que no renunciarán voluntariamente a las tierras que han cultivado y transmitido de generación en generación durante cientos de años.

“Simplemente es algo que ha estado sucediendo durante generaciones: gente que viene e intenta apoderarse de tierras, y familias que pelean para conservarlas”, dijo Yolanda Alvarado, de 38 años, quien también recibió una carta de la CBP donde le solicitan acceso a sus tierras en la cercana Pilares. “Pero creo que esta generación es más explícita y capaz de defenderse. Tenemos acceso a más recursos y, a diferencia de las generaciones anteriores, no existe la barrera del idioma”.

Carrasco, quien vive la mayor parte del tiempo en Odessa pero visita su rancho con frecuencia, dijo que autorizó la entrada de un topógrafo a su propiedad con la esperanza de obtener información adicional sobre los planes de lo que el gobierno federal quiere hacer en ella y si recibiría alguna compensación.

Dijo que le vendría bien el dinero después de que la compañía petrolera para la que trabajaba se declarara en bancarrota y él perdiera 260.000 dólares de su plan de jubilación 401(k), patrocinado por su empleador.

Carrasco indicó que es uno de los pocos republicanos que apoyan a Trump en el condado de Presidio, un bastión demócrata ubicado entre Jeff Davis y Brewster —ambos de tendencia republicana—, los otros dos condados que conforman la región del Big Bend.

Dijo que comparte la opinión de Trump de que el gobierno del presidente Joe Biden fue el responsable de que cientos de miles de inmigrantes cruzaran la frontera entre Texas y México.

Sin embargo, no esperaba que el gobierno de Trump incluyera a su tierra para erigir infraestructura de seguridad fronteriza.

Expuso que les ha dicho a los representantes de la CBP que no quiere un muro fronterizo porque arruinaría su granja, cortaría el acceso a una bomba de riego que lleva agua del río Bravo a su cultivo de alfalfa, y arruinaría las vistas panorámicas de las montañas que ha disfrutado toda su vida. Comentó que los contratistas con los que ha hablado le han dado pocos detalles sobre lo que pretenden construir.

“Quiero venir aquí y morir aquí en los años que me queden”, expresó, y dio una fumada a su cigarrillo. “Pero ahora tengo que lidiar con esto”.

El abuelo de Carrasco era dueño del rancho y le dio parcelas al padre de Carrasco, quien a la larga dividió esas tierras entre Carrasco y sus hermanos y hermanas. Después de graduarse de la secundaria, Carrasco se fue a trabajar a El Paso, a casi 500 kilómetros (300 millas) río arriba, antes de conseguir un trabajo en los campos petroleros de Odessa en la década de 1980.

A medida que sus hermanos fallecieron o se mudaron del rancho familiar, él siguió invirtiendo en él, construyó una segunda casa y remodeló la casa de adobe original en la que él y su padre nacieron.

Cuando se jubiló hace cuatro años, comenzó a dedicar más de su tiempo allí, agregándole un cobertizo para su tractor y los vehículos todo terreno que compró para sus nietos. Reparó las tuberías de agua y añadió líneas de riego. También instaló una piscina con un baño exterior.

“Sólo quiero proteger las tierras de mi padre”, manifestó.

Jesus Valenzuela, vecino de Carrasco, no ha recibido ninguna comunicación de la CBP, pero prevé que llegará porque su casa móvil está a unos 61 metros (200 pies) del río Bravo.

Su esposa, Diana Valenzuela, de 74 años, dijo que le preocupa no saber si el gobierno federal también planea expropiar sus tierras. Indicó que su edad es demasiado avanzada para mudarse y que no podrían costear una vivienda nueva.

Tras conocerse en Roswell, Nuevo México, donde Diana nació y donde su esposo vivió un tiempo, se mudaron a Redford hace 40 años y criaron a dos hijos y una hija a orillas del río. Ahora tienen 12 nietos, siete bisnietos y un tataranieto que los visitan durante las vacaciones de verano.

Jesus Valenzuela, quien es un conductor comercial jubilado, compara el muro fronterizo con la línea divisoria entre Corea del Norte y Corea del Sur, algo que separará a las personas a ambos lados del río Bravo, quienes siempre se han sentido una sola comunidad.

“Pero parece que no les importa a quién pisotean”, subrayó Diana Valenzuela.

Mario Peña, de 62 años, nació y se crió en Redford. Creció en la granja de su familia, donde ayudó a cultivar cebollas y melones. Al igual que Carrasco, se fue a trabajar a los campos petroleros y luego fundó su propia empresa como contratista en ese mismo sector.

Los Peña no han recibido ninguna comunicación de la CBP, pero sus vecinos a ambos lados, sí. Peña dijo creer que el gobierno federal también querrá una parte de su granja.

“Estoy dispuesto a morir para proteger mis tierras”, manifestó Peña, sentado en una silla de metal bajo una cochera abierta con vista a la exuberante granja que se extiende hasta el río.

A medida que sus hijos crecían, contó que empezó a extrañar la granja de 16 hectáreas (40 acres) que heredó tras la muerte de su padre. Poco antes de que comenzara la pandemia de COVID-19, Peña comenzó a visitar la granja nuevamente e instaló una tubería de riego para bombear agua del río a los campos de alfalfa. En el punto álgido de la pandemia, se mudó de tiempo completo a la casa de su infancia. Su hijo se sumó a él más tarde ese mismo año.

“Siempre quise regresar a casa”, manifestó. “Tengo que hacer algo por mi papá antes de morir. Lograr que la granja se vea verde hasta el río; esa es mi meta”.

Su hijo, Joaquin Peña, fue despedido en 2020 de su trabajo en una empresa de servicios petroleros en la cercana Monahans, y se sumó a su padre para revitalizar la granja familiar. Su papá le puso ese nombre en honor al bandolero mexicano Joaquín Murrieta, inmortalizado en la literatura y el cine por su venganza al perseguir a los colonos anglosajones que lincharon a su hermano y violaron a su esposa durante la Fiebre del Oro de California, en 1849.

El hijo expresó que apoya a su padre en cualquier acción jurídica que sea necesaria para proteger sus tierras. Dijo que su padre ha invertido demasiado tiempo y dinero como para renunciar a ellas fácilmente por razones políticas con las que no están de acuerdo.

“¿De qué sirve invertir todo este dinero en la granja si el gobierno simplemente nos la va a quitar?”, planteó el hijo de Peña mientras conducía un vehículo utilitario por un enlodado camino de acceso con su perro gigante de los Pirineos a su lado.

David Keller, de 55 años, arqueólogo que trabajó para la Universidad Sul Russ, en la cercana Alpine, se mudó a la región del Big Bend hace 25 años tras completar su maestría en Montana. Nació y se crió en Lubbock, pero tras mudarse a Redford decidió que nunca se iría de allí.

Así que compró dos propiedades, una de ellas a orillas del río. Al igual que otros terratenientes, también recibió una carta de la CBP en la que le solicitan su permiso para acceder a sus tierras. Pero, de manera similar que muchos aquí, se negó a firmar.

“No estamos en contra de la seguridad fronteriza”, expuso, de pie en un sendero de tierra junto a su perra mestiza de 7 años, llamada Sola. Pero no ve la utilidad de un muro fronterizo.

“La gente al otro lado del río son nuestra familia y amigos. No hay animosidad, no les tenemos miedo”, agregó. “Así que construir un muro fronterizo aquí es lo más erróneo que se puede hacer”.

En 2022, Keller dirigió un proyecto arqueológico que encontró nuevos artefactos de una masacre de 1918, en la que efectivos de la División de los Rangers de Texas asesinaron a 15 hombres y niños mexicanoestadounidenses en la cercana Porvenir. En aquel entonces, los Rangers dijeron que iban tras bandidos que asaltaban ranchos, pero las familias de las víctimas aseguran que eran inocentes y que los ataques fueron motivados por racismo contra ciudadanos estadounidenses de ascendencia mexicana.

Keller añadió que la región está repleta de historia mexicano-estadounidense y de pueblos originarios olvidada, la cual podría perderse si las cuadrillas de construcción comienzan a arrasar para hacer carreteras y a remover la tierra para erigir un muro.

En Arizona, las cuadrillas de construcción de la barrera fronteriza dañaron un sitio arqueológico indígena que se calcula tiene al menos 1.000 años de antigüedad. En El Paso, el gobierno de Trump también ha demandado a la diócesis católica de la vecina Las Cruces, Nuevo México, por 5,6 hectáreas (14 acres) de terreno al pie del monte Cristo Rey, donde una estatua de Jesucristo de casi 10 metros (29 pies de altura) atrae a cientos de peregrinos cada año y ofrece vistas a Ciudad Juárez, El Paso y Sunland Park, Nuevo México.

“Esto podría destruir la esencia de este lugar”, manifestó Keller. “No estoy dispuesto a vivir en una jaula”.

No obstante, expuso que se ha topado con residentes que tienen miedo de desafiar al gobierno por temor a sufrir represalias, en parte debido a precedentes históricos, y también porque muchos dependen de empleos en el gobierno federal. Reveló que ha intentado convencer a esas familias de que, sin su voz, podrían perder esta batalla.

Concepcion “Chon” Prieto, de 87 años, heredó de su abuela su rancho de 162 hectáreas (400 acres) a orillas del río, en Redford. Su familia ha vivido en esta área durante al menos cinco generaciones, explicó, y han sobrevivido tiempos difíciles. En 1934, un Ranger de Texas mató a tiros a uno de los primos de Prieto mientras buscaba a bandoleros, según un libro escrito por Keller. Prieto escuchó esa historia cuando era niño, y explicó que la experiencia hizo que su familia desconfiara de las personas que se acercan a sus tierras.

La mayor parte de su familia se ha mudado, pero él dice que permanece en Redford para cuidar las tierras familiares. Indicó que no quiere renunciar a ellas y planea venderlas a la persona que las cuida por él.

“Prefiero entregárselas a alguien a quien le importen que al gobierno”, manifestó, sentado en un sillón reclinable rodeado de correo, incluidas cartas de la CBP que indican que el gobierno federal solicita retroalimentación de los propietarios de terrenos a orillas del río como parte de un período de consulta pública.

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Este despacho fue publicado originalmente por The Texas Tribune y distribuido en colaboración con The Associated Press.

FUENTE: AP