La OIT creó una comisión para determinar si el gobierno venezolano violó los tratados relacionados con el derecho de los empleadores a formar asociaciones y a ser consultado cuando se fijan los salarios mínimos.
La investigación comenzó después de que varios empresarios venezolanos acusaron al gobierno de intentar disolver una organización patronal nacional.
En una queja presentada ante la OIT en 2015, también acusaron al gobierno de elevar el salario mínimo del país varias veces y de tomar decisiones económicas sin establecer un mecanismo de consulta.