Durante el gobierno del actual presidente Alejandro Giammattei unos 30 operadores de justicia se han exiliado denunciando criminalización en su contra.
Alarma a EEUU la criminalización de jueces en Guatemala
El gobierno estadounidense, la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y decenas de organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado las acciones judiciales contra operadores de justicia dirigidas por el Ministerio Público (MP) en Guatemala.
“La defensa del debido proceso para todos los ciudadanos, incluyendo jueces, fiscales, periodistas es vital para mantener la confianza en las instituciones de justicia... Estas acciones están debilitando salvaguardas de Guatemala contra la corrupción, la impunidad y los abusos.” dijo Ned Price, vocero del departamento de Estado en conferencia de prensa.
La fiscalía general respondió a lo dicho por Price diciendo que la entidad es autónoma y que vela por el estricto cumplimiento de la ley y que lo dicho por Price es tendencioso y carente de conocimiento del sistema de justicia de Guatemala.
Uno de los casos judiciales más emblemáticos es contra el juez Miguel Ángel Gálvez, reconocido por haber llevado a juicio al ya fallecido exdictador Efraín Ríos Montt por el genocidio de 1.771 indígenas ixiles entre 1982 y 1983 en medio del conflicto armado en Guatemala que duró de 1960 y 1996.
Gálvez está siendo investigado por una denuncia de que habría cometido faltas al debido proceso en cinco casos distintos, tres de los cuales no fueron conocidos por el juez. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenaron que el juez Roaldo Chávez investigue a Gálvez y deberá informarles para que ellos decidan el futuro del juez. La CSJ ha rechazado todos los recursos que Gálvez ha presentado en su defensa, lo cual avala que continúe la pesquisa en su contra.
La denuncia contra Gálvez fue presentada por la Fundación Contra el Terrorismo, una entidad radical de derecha conservadora que defiende a militares acusados de crímenes de guerra y a algunos empresarios y exfuncionarios acusado de corrupción. Gálvez también ha denunciado que estos le amenazan y hostigan públicamente. La denuncia fue apoyada y acompañada por la fiscalía.
En 2020, el departamento de Estado de Estados Unidos sancionó a la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, y a su secretario Ángel Pineda, por obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar la democracia en el país y les retiró la visa de ingreso a su país.
FUENTE: Associated Press
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