Muchos inmigrantes venezolanos evitan Florida y optan por ciudades en Utah y otros estados

Estas comunidades se han beneficiado por la afluencia de estas personas, pero también han enfrentado dificultades para integrar a los recién llegados.

Los venezolanos destacan por la cantidad tan grande de ellos. Aproximadamente 8 millones —una cuarta parte de la población del país— han huido desde 2014, muchos de ellos a territorio estadounidense. Alrededor de 30.000 —de un millón admitidos en Estados Unidos, según los datos de la AP—, dijeron que se dirigirían directamente a Utah.

A pesar del crecimiento de su población aquí, apenas se ven banderas venezolanas, calcomanías en los autos o muestras de patriotismo en las concurridas zonas comerciales de Midvale, un suburbio antiguo de unos 40.000 habitantes situado en el cruce de dos autopistas. Los letreros suelen estar en inglés. La comunidad venezolana se ha integrado con la población mayoritariamente blanca a medida que nuevas viviendas, centros comerciales, complejos de oficinas y almacenes han ocupado las laderas antes desiertas para satisfacer la demanda de terrenos más económicos.

La represión migratoria de Trump ha generado miedo y ha hecho menos visibles a los venezolanos desde 2023, el año en que las llegadas alcanzaron su punto máximo, tanto en Utah como en Estados Unidos en general. Todos aquí parecen conocer a alguien que regresó a Venezuela voluntariamente por temor a ser detenido y deportado, o porque perdió su permiso de trabajo.

En mayo de 2025, Alberto Salcedo abrió el estacionamiento de su iglesia Centro de Apoyo Familiar a los camiones de comida venezolana. Este pastor evangélico, quien también solicitó asilo, soñaba con crear un animado punto de encuentro para inmigrantes venezolanos. Refirió que cada semana acudían cerca de 20 proveedores con camiones que ofrecían empanadas, arepas e incluso hamburguesas y sushi, y 5.000 visitantes. Pero la cifra cayó a unos cinco vendedores y unos pocos cientos de personas. El miedo a la deportación es real, agregó.

Fidel Arrieta, dueño de restaurantes, manifestó que su negocio también se ha visto afectado. En 2019 abrió Arempa’s, su primer restaurante en el centro de Salt Lake City, el cual atrajo por igual a clientes no hispanos y a inmigrantes venezolanos. Arempa’s —cuyas paredes están decoradas con fotos de cascadas venezolanas, una imagen de la Mona Lisa comiendo una arepa y retratos de diversas ganadoras del concurso Miss Venezuela— creció hasta contar con cinco restaurantes. No obstante, tres de ellos cerraron en el último año, pues su clientela ha disminuido.

Sandy Arrieta, copropietaria del negocio y esposa de Arrieta, quería mantenerlos abiertos, pero él cree que nada cambiará mientras Trump esté en el poder.

“Hasta que no cambie el gobierno, los problemas no van a terminar”, declaró Fidel, de 65 años, quien llegó en 1994.

En 2001, Gregorio Rausseo emigró a Utah sin conocer a nadie. Poco más de dos décadas después —en 2023—, Rausseo acababa de ser nombrado párroco de la iglesia de Santa Teresita del Niño Jesús y se preparaba para la celebración anual de la santa patrona de Zulia, un estado venezolano rico en petróleo donde se encuentra Maracaibo, la segunda ciudad más grande del país. Le sorprendió ver a más de 1.000 feligreses que formaban una larga fila, la cual se extendía desde el vestíbulo hasta el estacionamiento.

“Le pregunté al diácono: ‘¿Son venezolanos todos ellos?’. Él respondió: ... ‘Todos son maracuchos’”, el término que los venezolanos utilizan para referirse a los originarios de Maracaibo.

Hoy en día, Rausseo estima que aproximadamente el 40% de las más de 700 familias que acuden a su parroquia son inmigrantes venezolanos.

Carlos Trujillo, un abogado de 42 años que maneja casos de inmigración, clasifica a los inmigrantes venezolanos en tres categorías: aquellos que llegaron por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (los mormones); quienes vinieron para reunirse con familiares o amigos, y los que llegaron sin conocer a nadie. Ha escuchado repetidamente frases como: “Este es un lugar al que puedo traer a mi familia y empezar de nuevo”.

Trujillo —quien emigró en 2001 a los 18 años, cuando sus padres decidieron que le iría mejor si vivía con familiares que residen más cerca de la sede central de la Iglesia mormona— dijo que su bufete gestiona unos 1.700 casos de inmigración, y que el personal que atiende llamadas en una amplia sala recuerda a un típico centro de atención telefónica.

Muchos de los venezolanos que se encuentran aquí llegaron tras el inicio de la pandemia de COVID-19, viajando en avión hasta la frontera con México antes de enero de 2022, momento en que ese país endureció las restricciones de viaje para los venezolanos. Eso provocó que cientos de miles de personas atravesaran a pie el Tapón del Darién —una zona selvática entre Panamá y Colombia—, en una travesía extenuante que abarca cuando menos ocho países.

Ashly Estupinan, de 18 años, recorrió la selva a pie junto a su abuela. En México utilizaron la aplicación de citas CBP One para ingresar a Estados Unidos por San Diego. Trump eliminó CBP One en su primer día de mandato, dos años después de que su predecesor, Joe Biden, la pusiera en marcha y permitiera la entrada legal de más de 900.000 personas con permisos de dos años de duración.

Estupinan —quien se graduó de la escuela secundaria esta primavera— y su abuela eligieron Utah porque su tío vivía allí. “Es muy tranquilo, muy bonito. La gente es muy amable”, apuntó.

Juan González, de 41 años y cocinero en Arempa’s, caminó por la selva durante cuatro días con su hermano —y pasaron junto a cadáveres, según contó— antes de cruzar finalmente la frontera de Estados Unidos en Texas. Se dirigió a Utah por consejo de un primo lejano.

“Él habia ido a los otros estados y Utah le pareció lo mejor”, añadió González, quien destacó que le atrae la “sólida economía” del estado.

Muchos inmigrantes venezolanos en Utah trabajan en el sector de servicios de alimentación, ya sea en restaurantes o mediante venta de comida desde sus hogares. Algunos mencionaron con orgullo que un Walmart local ya vende harina especial para arepas.

Otros rotan por empleos de bajos salarios: construcción, salones de uñas, almacenes y fábricas.

Gonzalo Rodríguez, de 39 años, trabajó como obrero, carpintero y administrador de oficina antes de ascender a gerente general en Fillerup Employment Services, una empresa de construcción. Relató que, cuando él llegó en 2020, en la compañía había unos 25 venezolanos en su plantilla de aproximadamente 300 empleados. Esa cifra había aumentado a 165 para 2022.

En cierto momento, dijo Rodríguez, los venezolanos acampaban en tiendas de campaña sobre la acera del complejo de oficinas de la empresa en la localidad suburbana de Sandy, a la espera de trabajo, y aceptaban alimentos si los refugios para migrantes estaban saturados.

Julio González, de 33 años, ascendió dentro de la compañía desde obrero hasta gerente de recursos humanos, tras cruzar la frontera con su esposa y su hijo —entonces de 9 años— por Del Río, Texas, en 2021. Un amigo en Utah le dijo que era un buen lugar para vivir. Muchos aquí coinciden, y dicen no haber percibido un racismo generalizado en el estado.

Fue un cambio positivo para González, quien vivió seis años en Panamá bajo una xenofobia contra los venezolanos, lo cual lo motivó a partir hacia Estados Unidos.

Héctor Escalona, de 42 años, también comenzó con trabajos de construcción en Fillerup, y posteriormente abrió una peluquería, en 2022. Actualmente tiene 27 sillones de barbería en un total de tres locales, y gran parte de sus empleados son venezolanos. Comentó que aún expande su negocio a pesar de la incertidumbre en torno a su caso de asilo.

Otros han tenido menor éxito económico.

Adaya Amaya, de 47 años, dirigía un negocio de banquetes desde su casa y ahora opera un camión de comida, pero apenas obtiene lo suficiente para subsistir. Cruzó la frontera en 2021 con su hija —que ahora tiene 9 años— y su padre, de 74 años. En ocasiones tuvieron que recurrir a un banco de alimentos. Y conoce a venezolanos que han tenido que dormir en sus autos.

Su padre desistió de su solicitud de asilo en junio, y regresó a Maracaibo porque no quería ser una carga para ella.

En las elecciones de 2024, Trump —y sus mensajes de campaña centrados en una aplicación estricta de las leyes migratorias — ganó en Utah por 22 puntos. Ese mismo año, Carlos Moreno, quien obtuvo asilo tras huir de Venezuela en 2009, fue elegido miembro del Consejo del Condado de Salt Lake.

La reputación del estado de ser un lugar acogedor para los inmigrantes está vinculada al “Pacto de Utah", un documento de 2010 firmado por cientos de gobiernos locales, empresas y líderes cívicos que respalda “reformas migratorias basadas en el sentido común que fortalecerán nuestra economía, además de atraer talento y empresas a nuestro estado”.

No obstante, Trujillo, el abogado especializado en inmigración, dijo que la buena disposición se enfrió durante el incremento de la inmigración en el mandato de Biden, y que algunos líderes electos —que eran aliados— se volvieron más cautelosos en sus declaraciones públicas.

En 2024, el gobernador Spencer Cox calificó a la pandilla venezolana “Tren de Aragua” como “una amenaza creciente en Utah”, aunque pocos delitos graves en el estado han sido vinculados a dicho grupo.

Inmigrantes venezolanos expresaron en varias ocasiones a la AP que una pequeña minoría de sus propios compatriotas son sus peores enemigos: no sólo quienes cometen delitos, sino también quienes beben en público, ponen música a todo volumen o reparan automóviles en la calle. Agregan que, si bien algunos de esos comportamientos pueden ser aceptables en Venezuela, aquí deben adoptar las normas locales.

“Me da rabia”, refirió Joiren Rangel, quien llegó en 2018 y trabajó en un almacén de Amazon antes de abrir dos restaurantes venezolanos, uno de los cuales cerró el año pasado. “Vimos que llegamos a un país diferente y vamos a cumplir con las normas. En Venezuela yo manejaba con mi hija aquí sentada (en el regazo) y yo manejando. Aquí jamás haría eso”.

A algunos solicitantes de asilo se les indicó en 2023 que debían esperar 10 años para obtener una cita inicial, aunque el gobierno ha tomado medidas enérgicas para reducir el rezago acumulado. Aun así, cerca de 500.000 venezolanos tienen casos pendientes en los tribunales de inmigración, una cifra superior a la de cualquier otra nacionalidad.

Loreana Pachano, quien pasó gran parte de su infancia en Miami, lleva 10 años a la espera de una entrevista para obtener asilo. Aunque su impaciencia va en aumento, ahora se pregunta si le convendría más que su caso permanezca abierto hasta después de que Trump deje el cargo.

Ella y su esposo se establecieron en Florida, pero se cansaron de los traslados diarios tan largos y del ánimo antivenezolano. Se mudaron a Utah cuando una amiga le contó que los salarios en la construcción eran considerablemente más altos. “Si teníamos que empezar de cero, ¿por qué no empezar de cero en otro lugar?”, recuerda haber pensado.

Ahora es agente inmobiliaria y vende casas a solicitantes de asilo que cruzaron la frontera. Ha sido testigo del impacto de las políticas de Trump. Un ejemplo de ello es el caso de un banco que ejecutó la hipoteca de una vivienda, pues una clienta venezolana tuvo que renunciar a ella tras perder su permiso de trabajo cuando Trump puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para más de 600.000 venezolanos.

“Se siente como si construyéramos sobre arenas movedizas. Intentamos construir un futuro aquí para nosotros, para nuestros hijos”, dijo Pachano, quien se dedica a la compra de viviendas para remodelarlas y venderlas, y es dueña de empresas de transporte y de construcción junto con su esposo, a la vez que cría a sus hijas de 3 y 7 años.

“¿Estaremos aquí para cuando lleguemos a la edad de jubilación? No lo sabemos. Nunca sabes cuándo te van a quitar el piso en el que estás parado”, expresó.

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El periodista de The Associated Press Aaron Kessler contribuyó a este despacho.

FUENTE: AP