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SUSCRIBITEBUENOS AIRES (AP) — La justicia argentina acusó formalmente el martes a dos ex funcionarias del Ministerio de Salud por su presunta responsabilidad en el caso del fentanilo contaminado que provocó la muerte de 90 personas el año pasado en distintos hospitales del país sudamericano.
La medida fue dispuesta por el juez federal Ernesto Kreplak, quien procesó a Gabriela Mantecón Fumadó, ex directora Nacional del Instituto de Medicamentos (INAME), y a Nélida Bisio, ex responsable de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), ambos organismos dependientes de la cartera sanitaria.
Las exfuncionarias enfrentan cargos como partícipes del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de 90 personas y lesiones a 44 personas, en una tragedia sanitaria sin antecedentes en la historia argentina. Según el fallo al que tuvo acceso The Associated Press, ambas acusadas permanecerán en libertad, con prohibición de salida del país.
Los fallecidos eran pacientes de más de 20 hospitales públicos y privados del país a los que se les había suministrado fentanilo contaminado por dos bacterias (Klebsiella pneumoniae MLB y Ralstonia pickettii) causantes de enfermedades graves —como la neumonía—. La mayoría de los sobrevivientes aún padecen secuelas por la droga adulterada.
El fentanilo es un opioide sintético que se aplica como analgésico para controlar el dolor severo que sufren pacientes de áreas como cuidados intensivos.
La justicia determinó que los lotes contaminados pertenecían a la marca HLB, elaborado en Laboratorios Ramallo SA. 13 personas fueron imputadas, entre ellos Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio y bajo arresto desde hace un año.
En paralelo, el juez Kreplak profundizó la investigación sobre las posibles responsabilidades en los órganos de control (ANMAT y el INAME) bajo la órbita del Poder Ejecutivo y las decisiones administrativas relativas a la vigilancia de la fabricación, distribución, venta, uso y retiro del mercado de la sustancia medicinal adulterada.
Mantecón Fumadó y Bisio fueron desplazadas de sus puestos tras quedar involucradas en la causa judicial. El Ministerio de Salud no se pronunció sobre el fallo judicial de este martes. Todos los acusados podrían recibir una pena máxima de 25 años de prisión.
FUENTE: AP
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