La jueza de distrito Jeannette Vargas, designada por el expresidente Joe Biden, dejó sin efecto la política el viernes por considerarla “contraria a la ley y que excede la autoridad conferida por la ley”.
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Jueza federal anula política de Trump que suspendía visas de inmigración a ciudadanos de 75 países
Una jueza federal en Nueva York anuló una política del gobierno del presidente Donald Trump que suspendía la tramitación de visas de personas provenientes de 75 países, entre ellos Afganistán, Irán, Rusia y Somalia, cuyos nacionales son considerados por el gobierno de Trump como propensos a requerir asistencia pública en Estados Unidos.
El secretario de Estado Marco Rubio excedió su autoridad al emitir la política, que “contraviene” la Ley de Inmigración y Nacionalidad al ordenar “la denegación de visas a solicitantes elegibles sin ninguna base legal”, determinó la jueza.
Vargas señaló que la política también socava el requisito del Congreso que coloca a los funcionarios consulares en primera línea de cualquier decisión sobre visas.
“El Congreso dotó a estos funcionarios de autoridad y discrecionalidad exclusivas para determinar si un inmigrante es elegible para una visa, con base en la revisión de criterios específicos y detallados establecidos en la ley”, escribió. “La política, que prohíbe de manera categórica la emisión de visas de inmigrante basándose en la nacionalidad del solicitante, representa una abrogación directa de este esquema legal”.
La política fue impugnada por dos organizaciones sin fines de lucro junto con 11 personas, entre ellas, seis cuyos familiares habían recibido la negativa de visas. Las otras cinco están fuera del país y habían presentado “peticiones basadas en empleo” para viajar a Estados Unidos.
“Celebramos este fallo porque, en esencia, este caso trata de mantener unidas a las familias”, manifestó Anna Gallagher, directora ejecutiva de CLINIC, una organización nacional sin fines de lucro que brinda capacitación, recursos y apoyo a una red de proveedores de servicios legales de inmigración y que fue una de las demandantes.
“La doctrina social católica nos llama a defender la dignidad de cada persona y a reconocer a la familia como la base de la sociedad”, señaló en un comunicado. “Esta decisión reafirma ambos valores y el estado de derecho, permitiendo que las familias vuelvan a avanzar hacia la reunificación”.
Otro demandante es African Communities Together, una organización sin fines de lucro con sede en Harlem. Uno de sus líderes calificó el fallo como “una enorme victoria para el estado de derecho”.
“Esta prohibición ilegal y racista causó un daño inconmensurable, manteniendo cruelmente separadas a familias y seres queridos”, expresó en un comunicado Diana Konate, subdirectora ejecutiva de políticas y defensa. “Hoy, estamos encantados de decirles a los miembros de nuestra comunidad: esta prohibición ya no existe”.
El mandatario estadounidense ha impuesto una lista cada vez mayor de prohibiciones de inmigración y de viaje, en su mayoría para personas de África, Asia y América Latina. El Departamento de Estado indicó el sábado que el gobierno de Trump “protege al pueblo estadounidense al mantener los más altos estándares de revisión y verificación de los solicitantes de visas”, y que no comentaría sobre litigios pendientes.
Cuando se emitió la política, el Departamento de Estado dijo que había ordenado a los funcionarios consulares que detuvieran las solicitudes de visas de inmigrante de los 75 países, de conformidad con una orden más amplia emitida en noviembre que endureció las reglas sobre posibles inmigrantes que pudieran convertirse en “cargas públicas”. Basándose en datos del Consejo de Asesores Económicos, el Departamento de Estado afirmó que más del 30% de los hogares con inmigrantes de esos países recibían algún tipo de asistencia pública.
En otro aviso enviado a todas las embajadas y consulados de Estados Unidos, se indicó que los solicitantes de visas de no inmigrante también debían ser “plenamente verificados y examinados” ante la posibilidad de que buscaran obtener beneficios públicos en Estados Unidos.
En el cable, cuya copia obtuvo The Associated Press, se indica en varias ocasiones que el solicitante debe demostrar que no pedirá beneficios públicos mientras esté en Estados Unidos, y que los funcionarios consulares que sospechen que podría solicitarlos deben exigirle que complete un formulario que acredite su solvencia financiera.
El fallo es el ejemplo más reciente de cómo los tribunales trastocan la agenda migratoria de Trump. Un juez federal anuló en junio una política gubernamental que hacía más difícil que inmigrantes de decenas de países entraran y permanecieran en Estados Unidos, afectando aspectos como el asilo, los permisos de trabajo, las tarjetas de residencia y las solicitudes de ciudadanía. Ese juez dijo que la política arrojó las vidas de innumerables inmigrantes “a un limbo legal indeterminado”, y acusó a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos de pasar por alto la ley.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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