La jueza federal Sparkle L. Sooknanan falló a favor de grupos activistas que argumentaron que las recientes mejoras del programa, llamado Systematic Alien Verification for Entitlements (Verificación Sistemática de Extranjeros para Prestaciones), o SAVE, agregaron datos personales sensibles de estadounidenses de una manera que podría provocar que votantes fueran eliminados erróneamente de los padrones electorales.
Jueza de EEUU bloquea uso de base de datos federal para verificar ciudadanía de votantes
WASHINGTON (AP) — Una jueza de Estados Unidos dictaminó el lunes que una versión recientemente renovada de una herramienta federal, que es primordial en la estrategia del gobierno sobre integridad electoral, es ilegal y ya no puede utilizarse.
“En definitiva, el gobierno federal ha pisoteado deliberadamente los derechos de privacidad de los ciudadanos estadounidenses de una manera que amenaza el sagrado derecho al voto", afirmó Sooknanan en una orden en la que explicó la decisión. "Este tribunal no puede quedarse de brazos cruzados mientras eso ocurre”.
Indicó que el Congreso había prohibido expresamente al gobierno centralizar la información personal identificatoria de los estadounidenses, y que las agencias federales que crearon el programa SAVE “sabían que la base de datos viola esas protecciones legales”.
La decisión supone un importante revés legal para el presidente Donald Trump en sus esfuerzos por usar agencias federales para impulsar una ofensiva a nivel nacional contra no ciudadanos que figuren ilegalmente en los padrones electorales estatales. El sistema SAVE modificado, que los críticos habían calificado como una base de datos federal centralizada e ilegal con información de votantes, había sido un pilar clave de la segunda orden ejecutiva electoral que el mandatario firmó a principios de este año. El fallo deja incierto su futuro.
James Percival, asesor jurídico general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), dijo en redes sociales que “es increíble lo duro que luchará la izquierda para impedir que resolvamos problemas que insisten en que no existen”.
El DHS remitió a esa publicación como su comentario sobre el fallo. El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
El programa SAVE se creó en virtud de una ley de inmigración que ordena que el DHS ayude a agencias federales, estatales y locales a evitar que programas de asistencia gubernamentales vayan a no ciudadanos. Al menos 25 estados lo utilizaron para revisar sus padrones electorales desde abril de 2025, después de que el gobierno de Trump ampliara de forma significativa sus capacidades de búsqueda. Desde entonces, al menos 67 millones de inscripciones han sido examinadas mediante el programa, pero los críticos temen que pueda terminar eliminando del padrón a votantes válidos.
Los demandantes, entre ellos la Liga de Mujeres Votantes, el Electronic Privacy Information Center y cinco ciudadanos estadounidenses no identificados, habían alegado que el programa SAVE renovado violaba los derechos de privacidad y electorales de los estadounidenses. Los grupos también sostuvieron que el gobierno de Trump violó leyes federales de privacidad al hacer caso omiso a requisitos de transparencia sobre los cambios al sistema.
“La agencias se apresuraban para cumplir con una orden ejecutiva destinada a remodelar las elecciones federales, que les ordenaba crear un sistema para la verificación masiva de votantes”, escribió la jueza. “Así que, de manera improvisada, combinaron y reutilizaron la información privada de millones de estadounidenses, incluidos datos de ciudadanía que sabían que eran poco fiables”.
El abogado de los demandantes, Nikhel Sus, dijo al tribunal durante la audiencia de octubre que los ciudadanos naturalizados enfrentan un mayor riesgo de ser eliminados ilegalmente de los padrones electorales.
“Son particularmente vulnerables a errores en la base de datos”, señaló Sus, abogado de Citizens for Responsibility and Ethics in Washington.
Sus expresó el lunes que considera el fallo de Sooknanan una “victoria total” y destacó que los demandantes estaban satisfechos de que la decisión de la jueza reforzara su argumento de que el gobierno federal no tiene autoridad implícita para compartir libremente datos sensibles entre agencias. ___
Swenson informó desde Nueva York.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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