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SUSCRIBITEBUENOS AIRES (AP) ? La oposición celebró el sábado la decisión de la justicia de procesar por corrupción al vicepresidente argentino Amado Boudou, y anunció que ahora irá por las responsabilidades políticas detrás del caso, mientras se espera un pronunciamiento oficial del Gobierno.
Por su parte, el abogado defensor de Boudou, Diego Pirota, criticó el fallo del juez federal Ariel Lijo, asegurando que "ya estaba redactado", y lo calificó como "un cuento de hadas contado en forma fantasiosa". Anunció que el próximo viernes apelará a la resolución.
La decisión encontró a Boudou en La Habana, Cuba, donde de acuerdo con la prensa argentina asistió a un acto cultural. Luego viajaba a Panamá y se aguarda su regreso para el jueves.
Lijo resolvió el viernes que Boudou sea procesado por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública como partícipe de una maniobra ilegal para apoderarse de la única impresora de billetes de curso legal del país y luego beneficiarse con jugosos contratos con el Estado.
Además dispuso un embargo por 200.000 pesos (unos 25.000 dólares) sobre los bienes del funcionario, quien se encuentra en Cuba.
El precandidato presidencial opositor y ex vicepresidente Julio Cobos pidió el sábado el "distanciamiento" de Boudou del gobierno nacional y advirtió que pedirán un juicio político para Boudou.
"La Presidenta (Cristina Fernández) no se puede desligar de la responsabilidad política de tener a un vice procesado. Hay una responsabilidad del Poder Ejecutivo en la decisión que adopte", dijo en declaraciones a Radio Mitre.
En la misma línea, el diputado del Frente Renovador, Darío Giustozzi, enfatizó que "el uso de las instalaciones y la pretensión de interferir en la Justicia, son condiciones suficientes para avanzar en el pedido de un juicio político".
"Esperemos que el resto de los bloques nos acompañen", añadió.
En el plano judicial, Boudou se expone a una condena de entre uno y seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Fernández se encuentra en su casa de descanso en la localidad turística patagónica de El Calafate, casi 2.800 kilómetros al sur de Buenos Aires, y aún se espera un pronunciamiento oficial de su gobierno.
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