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SUSCRIBITEBOGOTA, Colombia (AP) ? Un general retirado del ejército colombiano condenado a 37 años de prisión por una masacre perpetrada por paramilitares 17 años atrás dijo el miércoles que agotará todos los recursos legales que aún le quedan en el país y, eventualmente, acudirá a los organismos internacionales.
"Estamos en la lucha hasta quemar el último cartucho", aseguró el general en retiro Jaime Humberto Uscátegui, a quien la Corte Suprema de Justicia le confirmó el martes la condena por las aparentes omisiones en que habría incurrido en la masacre de julio de 1997 en el remoto poblado de Mapiripán, en el departamento de Meta y a 300 kilómetros al sureste de Bogotá.
El otrora oficial, en entrevista telefónica con The Associated Press, sostuvo que presentará ante la Corte Suprema una acción de tutela y simultáneamente una acción de revisión "para que se estudien las pruebas sobrevinientes que han aparecido desde 2006 hacia acá... entre ellas la certificación del presidente de la República (Juan Manuel Santos), cuando era ministro de Defensa en 2006, que manifestó que el mando operacional sobre ese batallón (al que se implica en el homicidio colectivo) no era mío".
Precisó que tras agotar esos recursos de ley en Colombia, y si su condena sigue firme, acudirá a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Uscátegui, de 65 años, dijo ser víctima de un complot e indicó que en la masacre de Mapiripán "están comprometidos como mínimo la brigada móvil y el batallón Joaquín París, que fueron los que se confabularon con los paramilitares, permitieron la entrada (de los ilegales de ultraderecha) y la masacre".
El exoficial lleva unos 14 años en prisión en una guarnición militar del norte de Bogotá. "Yo sinceramente esperaba la absolución, pero ante esta decisión tan injusta me toca invocar a todos los recursos a que tengo derecho".
La Fiscalía General dijo en principio que las víctimas de Mapiripán eran 49, pero en octubre de 2011 aclaró que los muertos sólo habían sido 10 y que había habido personas que se hicieron pasar por víctimas.
La Corte Suprema dijo el martes que la sentencia confirmó la responsabilidad de Uscátegui "porque incumplió el deber de protección a la población civil pese a tener la posición de garante institucional que le asigna la constitución".
Al momento de la masacre, Uscátegui se desempeñaba como comandante de la VII Brigada del ejército con sede en la ciudad de Villavicencio, a 75 kilómetros de la capital colombiana.
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