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SUSCRIBITEBOGOTA, Colombia (AP) ? La ex senadora Piedad Córdoba perdió su última batalla jurídica para volver al Congreso luego de que la Corte Constitucional le negó el jueves un recurso con el que pretendía reversar una decisión de la Procuraduría, que la destituyó por sus nexos con la guerrilla.
La decisión de la Corte fue tomada por siete votos a favor y dos en contra de los nueve magistrados del alto tribunal, cuyos fallos son inapelables.
"Respeto fallo de más no lo comparto. El país no puede estar bajo el control de la Procuraduría, sea quien sea el procurador", dijo Córdoba en un mensaje de su cuenta de Twitter.
Córdoba, a través de su abogado, alegó en el recurso de tutela ante la Corte que la Procuraduría General no tenía competencia ni para investigarla disciplinariamente ni mucho menos para destituirla, y que se le estaban violando sus derechos consagrados en la Constitución.
Sin embargo, la Corte Constitucional, máxima instancia en el país en temas relacionados con la Carta Magna, no acogió los argumentos de la defensa de la ex senadora y, por el contrario, sostuvo que la Procuraduría sí es competente para investigar disciplinariamente a los legisladores.
El abogado de Córdoba, Alfredo Beltrán, dijo telefónicamente que desconocía el contenido del fallo.
En septiembre de 2010, la Procuraduría General ?que en Colombia es una instancia que puede imponer sanciones disciplinarias a funcionarios y ex funcionarios públicos? destituyó a Córdoba de su curul senatorial y la sancionó con 18 años de prohibición para postularse a cargos públicos "por promover y colaborar" con la guerrilla de las FARC.
Según la Procuraduría, la investigación contra Córdoba, una abogada de 58 años y del Partido Liberal, tuvo origen en computadores portátiles hallados en el campamento del jefe guerrillero Raúl Reyes.
En esos computadores, según la Procuraduría, fueron encontrados correos electrónicos y se pudo "establecer que el cruce de documentos entre el grupo guerrillero y la senadora...la parlamentaria se extralimitó en sus funciones así como en la autorización dada por el gobierno para gestionar el intercambio humanitario" o la liberación de secuestrados que entonces estaban en poder de la guerrilla.
Córdoba siempre lo ha negado.
La Procuraduría ha dicho que "estableció con certeza que la senadora emitió consejos al grupo de las FARC relacionados con no enviar videos de personas secuestradas por el grupo insurgente a cambio de grabaciones de voz de los mismos, con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos".
"Se constató que Córdoba instruyó y solicitó a las FARC que suministraran pruebas de vida de los secuestrados con el fin de favorecer a gobiernos de otros países. Asimismo, efectuó declaraciones en diferentes actos públicos en los que ejerció actos de promoción con el fin de favorecer los intereses del grupo subversivo", indicó la Procuraduría en su decisión del 2010.
Desde el 2008 y hasta el 2012, Córdoba recibió de las FARC para ser liberados a una treintena de secuestrados, algunos de ellos con más de una década en cautiverio.
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