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SUSCRIBITESANTO DOMINGO, República Dominicana (AP) ? La organización Amnistía Internacional pidió al gobierno dominicano el viernes que no implemente la sentencia judicial que determinó el mes pasado anular las actas de nacimiento de todos los hijos de extranjeros no residentes nacidos en República Dominicana desde 1929.
La sentencia del Tribunal Constitucional "tendrá un impacto devastador en la vida de cientos de miles de personas", dijo Chiara Liguori, investigadora para el Caribe de Amnistía Internacional en un comunicado de la organización.
El Tribunal Constitucional falló el pasado 23 de septiembre en una sentencia inapelable sobre el caso particular de Juliana Deguis, una dominicana de ascendencia haitiana, que los hijos de extranjeros sin permiso de residencia legal no pueden ser dominicanos sólo por el hecho de haber nacido en el país.
En su sentencia, el tribunal también ordenó hacer un inventario de todos los descendientes de extranjeros sin permiso de residencia, en su gran mayoría haitianos, desde 1929, a fin de comenzar el proceso judicial para anular sus actas de nacimiento y cédulas de identidad.
Ligouri explicó que tras la anulación de los documentos de identidad, los afectados perderán totalmente "muchos de sus derechos civiles", como libertad de movimiento, educación y acceso a servicios de salud.
La anulación de los documentos de identidad también puede tener "efectos discriminatorios, particularmente hacia los dominicanos de ascendencia haitiana", detalló Amnistía Internacional en su comunicado.
Durante gran parte del siglo XX, miles de personas del vecino Haití migraron a República Dominicana para trabajar en los cañaverales del gobierno y de capital estadounidense, donde pasaron el resto de sus vidas, formaron sus familias y sus hijos nacidos en este país eran reconocidos como dominicanos, según una interpretación de las leyes vigentes en ese momento.
Aunque no existen cifras oficiales, diversas organizaciones no gubernamentales, como el Centro Bonó, una institución jesuita, estiman con base en una encuesta del ministerio de Economía que más de 200.000 personas serán afectadas por la decisión del tribunal.
Centro Bonó y otras organizaciones insisten que la anulación de documentos representa una "desnacionalización".
Diversas organizaciones no gubernamentales locales y extranjeras y organismos internacionales, como ACNUR y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado en contra de la decisión del tribunal.
La Comunidad del Caribe (Caricom), compuesta por 15 naciones, entre ellas Haití, manifestó el jueves en un comunicado emitido en Guyana "su profunda preocupación" por las implicaciones del proceso para anular las actas de nacimiento, que dejará "a cientos de miles de personas sumergidas en un vacío constitucional, legal y administrativo.".
El grupo pidió al gobierno dominicano proteger los derechos de "aquellos que quedaron vulnerables por el fallo y sus lastimosos efectos".
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