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SUSCRIBITELIMA (AP) — Funcionarios de distintas agencias de seguridad de Estados Unidos iniciaron el miércoles una serie de reuniones con funcionarios peruanos para realizar un diagnóstico sobre el incremento de la delincuencia a nivel nacional, lo que permitirá al gobierno peruano realizar un plan de seguridad, informaron las autoridades.
En una conferencia con corresponsales de la prensa internacional, el canciller peruano Hugo de Zela dijo que en la delegación figuran funcionarios estadounidenses del Buró Federal de Investigaciones (FBI), de la Administración de Control y Drogas (DEA) y de algunos programas de policía estatales.
“Estamos tratando de buscar cooperación internacional, que otros países cooperen con nosotros”, dijo el canciller. “Esperamos recibir información valiosa, nos va a ayudar en el diagnóstico, en información desde fuera y algunas ideas que nos van a permitir aprender de lo que han hecho otros países”, añadió.
La embajada de Estados Unidos indicó en una nota de prensa que la delegación llegó a solicitud del presidente interino José Jerí y está encabezada por José A. Pérez, director de operaciones del FBI.
Pérez tiene experiencia en operaciones contra el crimen organizado en Centroamérica y Sudamérica, según el sitio de internet del FBI.
Expertos locales y varias marchas de protesta han pedido al mandatario que derogue un conjunto de leyes que dicen debilitan la lucha contra el crimen. Al menos seis de esas leyes fueron aprobadas en el pasado con el voto de apoyo de Jerí cuando era legislador desde 2021.
Esas normas eliminan la detención preliminar en casos sin flagrancia, impiden procesar a partidos políticos como grupos criminales, elevan los requisitos para confiscar bienes a grupos delictivos y dificultan la colaboración eficaz y los allanamientos.
La capital de Perú y el puerto cercano de El Callao se encuentra bajo un estado de excepción desde octubre para enfrentar el crimen en ascenso, sobre todo de los asesinatos y las extorsiones, que no se han detenido desde 2017 en adelante. Las denuncias por extorsión en 2025 suman al momento 25.196 a nivel nacional, mientras en todo 2024 se alcanzó las 22.359 denuncias por este mismo delito, según datos de la policía.
En julio el gobierno anunció por primera vez que el costo de la criminalidad suma el 1,7% del Producto Interno Bruto, unos 5.000 millones de dólares, lo cual afecta negativamente las inversiones, sobre todo de pequeños negocios extorsionados en la periferia de la capital y en otras regiones del país, según las autoridades.
El 2025, aún sin culminar, acumula 2.086 asesinatos, una cifra que lo ha convertido en el año con mayor cantidad de homicidios desde 2017, según datos oficiales del Sistema de Información de Defunciones (SINADEF). En 2024 hubo 2.083 homicidios y en 2023 se acumuló 1.513 homicidios.
FUENTE: AP
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