El gobierno de España perderá votaciones urgentes claves sobre vivienda en el Parlamento

Las medidas pretendían apaciguar la indignación pública tras el desalojo televisado de una mujer de 87 años la semana pasada en Madrid, que desató protestas el sábado y una acampada que, desde entonces, ocupa una de las plazas más icónicas de la capital española. Salvo sorpresa, la coalición progresista del presidente Pedro Sánchez sufrirá una costosa derrota legislativa que probablemente avivará las movilizaciones.

La anciana cuyo desalojo desencadenó las protestas, Maricarmen Abascal, se ha convertido en un símbolo de la lucha para abaratar la vivienda en el país del sur de Europa, donde muchos no pueden permitirse comprar una casa y se ven asfixiados por un mercado de alquileres reducido.

A principios de semana, la empresa que la desalojó negoció con los representantes legales de Abascal un acuerdo para que pueda regresar a la que fue su casa durante más de siete décadas. La mujer está ingresada en un hospital desde que fue sacada de su casa en una camilla, pero su abogada comentó que está contenta de saber que volverá a su vivienda.

El primer decreto presentado por el gobierno busca frenar los desahucios de personas vulnerables como Abascal, dificultar la especulación inmobiliaria, imponer restricciones más firmes a los alquileres de corta duración y ofrecer incentivos fiscales para fomentar el alquiler y la construcción de viviendas públicas.

El segundo decreto es más polémico: propone que los contratos de alquiler se renueven automáticamente cuando estén a punto de vencer, lo que en la práctica los haría indefinidos. Un propietario tendría que pagar a un inquilino 12 meses de alquiler para rescindir el contrato.