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Corte Suprema

La Corte Suprema avala a Trump el uso de una antigua ley de guerra para deportaciones rápidas, con revisión judicial previa

La Corte Suprema de Estados Unidos permitió el lunes al gobierno del presidente Donald Trump utilizar una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII para deportar a migrantes venezolanos, pero afirmó que éstos deben tener una audiencia judicial antes de ser sacados del país.

La Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde este lunes a la Administración del expresidente Donald Trump para aplicar, de manera provisional, la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma del siglo XVIII diseñada para tiempos de guerra.

Esta herramienta legal permitiría al gobierno acelerar las deportaciones de personas consideradas una amenaza para la seguridad nacional, aunque bajo la condición de que se respete una revisión judicial mínima antes de su ejecución.

Con una votación dividida de cinco magistrados a favor y cuatro en contra, el alto tribunal revocó una orden previa de una corte federal que había bloqueado la medida al considerar que no existe un estado de guerra declarado.

La decisión representa una victoria clave para el equipo legal de Trump, que busca reforzar el control migratorio mediante mecanismos extraordinarios.

El fallo, que no lleva firma individual de los jueces, responde a una apelación de emergencia presentada por el gobierno de Trump y permite la implementación temporal de esta política mientras continúa el litigio en instancias inferiores.

De acuerdo con lo establecido por la Corte, cualquier persona que sea objeto de deportación bajo esta ley deberá ser notificada formalmente y tendrá derecho a solicitar una revisión judicial del proceso.

La medida podría aplicarse, entre otros, a presuntos miembros de organizaciones criminales, como pandillas, que sean considerados un riesgo para la seguridad nacional.

Aunque se trata de una legislación de más de dos siglos de antigüedad, su invocación en el contexto actual ha generado un intenso debate legal y político, al extender facultades propias de un conflicto bélico a temas de inmigración. La decisión final sobre la legalidad del uso de esta ley en tiempos de paz aún está por definirse en las cortes inferiores.

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