Un grupo de 19 fiscales generales de estados democráticos ha presentado una demanda contra la orden ejecutiva del expresidente Donald Trump que busca limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento en los Estados Unidos.
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SUSCRIBITE19 Fiscales Demócratas Demandan para Detener la Orden de Ciudadanía por Nacimiento de Trump
El fiscal general de Nueva Jersey, Matthew J. Platkin -quien encabezó la iniciativa legal junto con los fiscales generales de California y Massachusetts- calificó la decisión de Trump como extraordinaria y extrema
El presidente Donald Trump atiende la oración nacional en la Catedral Nacional de Washington, el martes 21 de enero de 2025, en Washington. (AP foto/Evan Vucci) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
La acción legal fue liderada por el fiscal general de Nueva Jersey, Matthew J. Platkin, en colaboración con sus homólogos de California y Massachusetts, y cuenta con el respaldo de ciudades como San Francisco y Washington, D.C.
Platkin calificó la orden de Trump como una medida "extraordinaria y extrema", argumentando que desafía los principios fundamentales de la Constitución.
“Los presidentes son poderosos, pero él no es un rey. No puede reescribir la Constitución de un plumazo”, declaró el fiscal general de Nueva Jersey en declaraciones recogidas por The New York Times.
La demanda, presentada en un tribunal federal en Massachusetts, busca bloquear la implementación de la orden ejecutiva que afecta el derecho consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución, la cual garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en territorio estadounidense.
Este principio, conocido como "jus soli" o derecho de suelo, ha sido un pilar del sistema legal de los Estados Unidos desde 1868.
Los fiscales generales argumentan que la orden ejecutiva de Trump excede los poderes constitucionales del Ejecutivo y representa un ataque directo a los derechos fundamentales.
Además, advierten sobre las graves consecuencias sociales y legales que podría tener su implementación, especialmente para las comunidades inmigrantes.
La coalición también cuenta con el apoyo de diversas organizaciones de derechos civiles y grupos de defensa de los inmigrantes, que han expresado su preocupación por el impacto de la medida en la cohesión social y el respeto por los derechos humanos.
Este movimiento legal subraya la creciente tensión entre el poder ejecutivo y los estados liderados por demócratas, que han recurrido con frecuencia a los tribunales para desafiar las políticas migratorias de Trump. Mientras tanto, el futuro de esta orden ejecutiva quedará en manos del sistema judicial, donde se decidirá si esta medida puede entrar en vigor o ser declarada inconstitucional.
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