Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITEDonald Trump extendió hasta septiembre de 2027 las facultades de la Ley de Comercio con el Enemigo aplicadas a Cuba, pieza clave del régimen de sanciones
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prorrogó por un año las facultades de la Ley de Comercio con el Enemigo (Trading With the Enemy Act, TWEA) aplicadas a Cuba, garantizando la continuidad de uno de los principales fundamentos jurídicos históricos de las sanciones económicas estadounidenses contra la isla.
Trump firmó el 20 de agosto la Determinación Presidencial No. 2026-21, publicada este martes en el Registro Federal, mediante la cual las autoridades correspondientes a Cuba permanecerán vigentes hasta el 14 de septiembre de 2027.
“La continuación del ejercicio de esas autoridades con respecto a Cuba por un año es de interés nacional de Estados Unidos”, señala la determinación dirigida a los secretarios de Estado y del Tesoro.
La decisión no crea nuevas sanciones ni endurece automáticamente las restricciones existentes. Su importancia radica en impedir que expiren las facultades legales que respaldan parte del entramado de sanciones vigente contra La Habana.
La nueva determinación extiende durante otros 12 meses las autoridades que sustentan las Regulaciones de Control de Activos Cubanos, conocidas como CACR y recogidas en el 31 C.F.R. Part 515.
La prórroga anterior había sido firmada por Trump el 29 de agosto de 2025 y mantenía las facultades hasta el 14 de septiembre de 2026.
La nueva decisión garantiza ahora su continuidad hasta septiembre del próximo año.
Se trata de una renovación periódica que diferentes administraciones estadounidenses han realizado durante décadas.
La Trading With the Enemy Act fue promulgada en 1917 durante la Primera Guerra Mundial y concedió amplios poderes al Ejecutivo estadounidense para restringir determinadas operaciones económicas.
El Congreso limitó considerablemente su utilización en tiempos de paz en 1977.
Sin embargo, preservó las restricciones que ya se encontraban vigentes, incluida su aplicación a Cuba.
Desde entonces, esas autoridades deben renovarse periódicamente para continuar operativas.
Actualmente, Cuba es el único país que permanece sujeto a restricciones mantenidas bajo la TWEA.
La continuidad de estas facultades ha atravesado administraciones de ambos partidos.
Presidentes como Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Joe Biden y Donald Trump han firmado las renovaciones correspondientes.
Incluso durante el proceso de acercamiento diplomático impulsado por Obama, la autoridad jurídica fue prorrogada.
La decisión de Trump mantiene así una práctica presidencial histórica, aunque ocurre en un contexto político muy diferente y marcado por una creciente presión estadounidense sobre La Habana.
La renovación tampoco significa que el embargo estadounidense dependa exclusivamente de esta ley.
Las sanciones contra Cuba se encuentran respaldadas por varias capas de legislación y regulaciones acumuladas durante más de seis décadas.
En febrero de 1962, el presidente John F. Kennedy formalizó el embargo mediante la Proclamación Presidencial 3447, después de las restricciones adoptadas previamente por Washington en respuesta a las nacionalizaciones realizadas por el Gobierno de Fidel Castro.
Posteriormente aparecieron nuevas leyes que reforzaron el marco sancionador.
Dos normas posteriores adquirieron especial importancia.
La Cuban Democracy Act de 1992 amplió determinadas restricciones comerciales.
Cuatro años después, la Ley Helms-Burton de 1996 codificó importantes componentes del embargo en legislación federal.
Esta estructura significa que un presidente estadounidense puede modificar o flexibilizar determinadas regulaciones mediante sus facultades ejecutivas, pero no puede eliminar unilateralmente todo el entramado del embargo sin intervención del Congreso.
Por ello, la renovación de la TWEA mantiene una pieza importante del sistema, pero no constituye su único fundamento jurídico.
Aunque la prórroga constituye un procedimiento recurrente, su contexto en 2026 resulta especialmente significativo.
La administración Trump ha intensificado durante los últimos meses las sanciones dirigidas contra empresas estatales, funcionarios y sectores estratégicos de la economía cubana.
Washington ha adoptado medidas contra estructuras vinculadas con GAESA y ampliado las restricciones sobre sectores como energía, minería, defensa, construcción y finanzas.
La semana pasada, la OFAC anunció otra ronda que incluyó ocho empresas estatales cubanas, el Ministerio de la Construcción y tres funcionarios vinculados al ICAP.
El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla reaccionó a la renovación y rechazó que pueda considerarse simplemente un trámite jurídico.
“La renovación de la llamada Ley de Comercio con el Enemigo hasta septiembre de 2027 no es un acto administrativo menor”, afirmó.
Según Rodríguez, la decisión confirma que Washington mantiene una política destinada a “asfixiar” económicamente a Cuba.
El canciller volvió además a utilizar la expresión “política genocida” para describir las sanciones estadounidenses, terminología recurrente del Gobierno cubano pero que constituye una caracterización política de La Habana.
El Gobierno cubano atribuye gran parte del deterioro económico actual a las restricciones estadounidenses.
Durante las últimas semanas, Miguel Díaz-Canel, Manuel Marrero y Bruno Rodríguez han intensificado ese discurso mientras Washington amplía sus medidas de presión.
La administración estadounidense, por su parte, sostiene que sus sanciones buscan restringir los recursos disponibles para estructuras vinculadas al Estado cubano y aumentar la presión sobre el Gobierno.
La disputa ocurre mientras Cuba atraviesa una profunda crisis marcada por apagones, falta de combustible, inflación, escasez de medicamentos y contracción productiva.
La principal consecuencia inmediata de la determinación firmada por Trump es jurídica.
No crea automáticamente nuevas prohibiciones ni modifica las sanciones existentes.
Lo que hace es garantizar que las facultades mantenidas bajo la Trading With the Enemy Act continúen vigentes durante otro año.
Sin la renovación presidencial, esas autoridades podrían expirar.
La decisión mantiene así hasta el 14 de septiembre de 2027 uno de los pilares históricos sobre los que Washington ha construido durante décadas sus restricciones económicas hacia Cuba.
En un momento de creciente confrontación entre ambos gobiernos, la renovación envía además una señal de continuidad: la administración Trump no contempla permitir que expire ninguna de las herramientas jurídicas que actualmente utiliza para mantener la presión económica sobre La Habana.
Suscribite a nuestro Newsletter
