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SUSCRIBITEEl régimen cubano incluye a activistas del exilio e influencers en su lista de terroristas, sin pruebas públicas que sustenten las acusaciones.
A pocas horas de cumplirse el cuarto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, el régimen cubano volvió a generar polémica al actualizar su Lista Nacional de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo, una herramienta legal que, según críticos, no solo persigue a supuestos responsables de delitos violentos, sino que también criminaliza a opositores y voces del exilio.
La Resolución 13/2025, publicada este miércoles en la Gaceta Oficial, eleva a 62 el número de individuos y a 20 el de organizaciones consideradas “terroristas” por el Ministerio del Interior. Sin embargo, hasta el momento no se han hecho públicas pruebas concretas que respalden las graves acusaciones.
La mayoría de los señalados son cubanos radicados en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y, en especial, en la Florida. Se trata de activistas, influencers, líderes comunitarios y miembros de medios independientes que mantienen una postura crítica frente al gobierno cubano.
Entre los nuevos nombres aparecen Rolando Miguel Pérez Ruiz, Leordan Cruz Gómez y Hamlet Pedraza Rivas, a quienes se acusa de introducir armas y planear sabotajes desde EE.UU. También figuran Armando Labrador Coro y Seriocha Humberto Fernández Rojas, miembros del grupo Cuba Primero, acusados de financiar supuestas acciones de sabotaje en Villa Clara y La Habana.
Como parte de esta actualización, el régimen sumó al Partido Republicano de Cuba como entidad “terrorista”, elevando a 20 el total de organizaciones señaladas. Entre ellas destacan grupos históricos del exilio como Alpha-66, Hermanos al Rescate, la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) y la Asamblea de la Resistencia.
En la lista figuran nombres ampliamente reconocidos dentro de la comunidad exiliada y en redes sociales, como Alexander Otaola, Orlando Gutiérrez Boronat, Ana Olema Hernández, Ramón Saúl Sánchez, Eliecer Ávila, Manuel Milanés, Ultrack y Alain Lambert (Paparazzi Cubano). Todos ellos son líderes de opinión con gran alcance digital, fuertes críticos del régimen y promotores de campañas de denuncia internacional.
En muchos casos, las acusaciones se remontan a incidentes ocurridos en los 90, 2000 o 2010, basándose en supuestos delitos como “organización”, “financiamiento” o “incitación” de acciones contra el Estado. La resolución oficial asegura que todos han sido objeto de investigaciones penales y están “buscados” por las autoridades, cumpliendo —según La Habana— con normas nacionales e internacionales. Sin embargo, no se acompañan evidencias ni detalles que permitan verificar las acusaciones.
Para activistas y organizaciones de derechos humanos, esta lista es un mecanismo de presión política cuyo objetivo es intimidar a opositores y restringir aún más la libertad de expresión de quienes alzan la voz dentro y fuera de la Isla.
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